El Tribunal Supremo de Venezuela anula el referéndum sobre Chávez

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ha dejado sin base legal la convocatoria de un referéndum en febrero de 2003 sobre la gestión del presidente Hugo Chávez. Esta decisión se convirtió ayer en un nuevo argumento de la oposición para la huelga general, convocada para el lunes con duración indefinida. El Supremo anuló la resolución del Consejo Nacional Electoral, que había fijado para el 2 de febrero de 2003 un referéndum sobre Chávez.

El referendum consultivo solicitado por la Coordinadora Democrática, el haz de fuerzas adversas a Chávez, lo aprobó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 2 de febrero, pero enfrenta ahora un camino jurídico lleno de dificultades tras una controvertida sentencia del más alto tribunal.

El TSJ respondió a una solicitud de aclaración hecha por el mismo CNE sobre el alcance de un fallo anterior y dejó establecido que las decisiones del organismo electoral sobre el referéndum en cuestión deben adoptarse por mayoría cualificada. El CNE actual tiene una directiva de cinco miembros. Sus dictámenes, según la sentencia del TSJ, han de contar con el voto favorable de cuatro de ellos.

Las más recientes decisiones se adoptaron por mayoría simple. La determinación de la fecha de la consulta popular se tomó con sólo tres votos. Por eso la sentencia judicial la anula automáticamente. No obstante, la Asesoría Jurídica del CNE insiste en que las resoluciones se pueden tomar por mayoría simple. Por eso el órgano rector de las elecciones está de hecho en situación de desacato al Tribunal Supremo y sigue adelante con los preparativos de la consulta de febrero.

El referéndum, solicitado con el apoyo de dos millones de firmas, plantea preguntar a la población si está de acuerdo con solicitar a Chávez la renuncia inmediata al cargo.

"Esto es un golpecito contra la mayoría de los venezolanos que quieren el referéndum", dijo sobre el fallo Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). El dirigente sindical, uno de los promotores de la huelga, empleó el mismo calificativo que utilizó el jueves el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, al comentar la fecha fijada por el CNE. "Esto es un golpecito de Estado electoral", había ironizado Rangel.

Con la sentencia aclaratoria del TSJ se esfumó toda posibilidad de suspender la huelga. Carlos Fernández, presidente de la organización patronal Fedecámaras, ratificó ayer que la huelga comenzará el lunes a las seis de la mañana.

La decisión del Supremo no aborta definitivamente el referéndum, porque sólo se refiere a la forma como se fijó la fecha. Aún es posible que el CNE reconsidere el tema y llegue a un acuerdo con los votos requeridos. No obstante, las posibilidades de que esto ocurra con la actual directiva son limitadas. Los cinco miembros están divididos en dos bloques aparentemente irreconciliables. El que mantiene el control, al que han comenzado a llamar "el triunvirato", respalda las iniciativas de la oposición. Uno de los triunviros es Leonardo Pizani, que había renunciado al CNE en 2001. Desde entonces Pizani había sido un activista de la Coordinadora Democrática, con notoria participación en la convocatoria del referéndum. Recientemente solicitó la reincorporación y reasumió funciones de árbitro, para escándalo del sector gubernamental.

El otro bloque es favorable al oficialismo. El Gobierno intentó, sin éxito, reincorporar también a una ex directiva que había renunciado, Imelda Rincón, una profesora universitaria afecta a la denominada revolución bolivariana.

La salida al problema podría estar en manos de otro poder público. El legislativo debe designar una nueva directiva para el CNE, según establece la Ley Orgánica del Poder Electoral, recientemente promulgada. Los nombramientos no serán tarea fácil por el obstruccionismo de los partidos de oposición en la Asamblea Nacional.