La UE impone a cuatro empresas de yeso la segunda sanción más alta por pactar precios

La Comisión Europea multó ayer con 478 millones de euros a cuatro empresas dedicadas a la producción de material de construcción por repartirse durante seis años el mercado de los tableros prefabricados de cartón-yeso (conocido en España por la marca Pladur). La sanción es la segunda más alta de las impuestas por Bruselas contra un cartel, tan sólo superada por la trama de las vitaminas, que multó a ocho empresas con 855,2 millones de euros. Precisamente, el regulador europeo decidió también sancionar a la farmacéutica Aventis por acordar los precios de la metilglucamina, una sustancia utilizada en radiología.

Los tableros de cartón-yeso se utilizan en la construcción de techos, paredes y estanterías desde hace más de 100 años. El mercado de este producto en la UE se estima en 1.200 millones de euros anuales. En España, este material de tabiquería y mampostería se conoce entre los amantes del bricolaje como las placas Pladur, una marca registrada por la empresa Uralita. Pero la sanción impuesta por Bruselas afecta a Lafarge (Francia), BPB (Reino Unido), Knauf (Alemania) y Gyproc (Benelux). Los consumidores de esos países también asocian el producto con las marcas bajo las se comercializan las placas, Placoplatre y Gyproc.

La Comisión Europea destacó que es el mercado más importante que ha analizado Competencia "por su valor". La trama afectaba al 80% de los consumidores europeos, que han sufrido precios artificialmente altos por esta práctica ilícita. Se da la circunstancia de que Lafarge y BPB son reincidentes, ya que en 1994 fueron multadas por participar, la primera, en el cartel del cemento, y la segunda, en la trama del cartoncillo. Lafarge es la primera empresa cementera del mundo, con un volumen de negocio cinco veces superior al resto.

La trama la iniciaron a comienzos de 1992 la alemana Knauf y la británica BPB. El objetivo era poner fin a la guerra de precios existente entonces, que hizo que bajaran mucho en beneficio de los consumidores. Para "reducir la competencia" en el mercado se estableció un sistema que permitía seguir muy de cerca la evolución del mercado y evitar "una competencia demasiado agresiva". La francesa Lafarge se sumó al acuerdo unos meses más tarde, y Gyproc, a mediados de 1996.

Las reuniones no sólo sirvieron para informarse recíprocamente con antelación de las subidas de precios, sino también para repartirse las cuotas de mercado y establecer medidas de represalias por si a alguno se le ocurría desviarse de lo pactado. "Este comportamiento constituye una infracción muy grave de las normas de la competencia", indicaron fuentes de la Comisión Europea.

Bruselas empezó a investigar el cartel a finales de 1998. BPB y Gyproc optaron de inmediato por cooperar con las autoridades comunitarias y proporcionaron pruebas importantes sobre la entente. La investigación también cubrió a la empresa financiera belga Etex, con participación mayoritaria en Gyproc, pero el regulador europeo decidió archivar el procedimiento porque carece de pruebas sobre su implicación.

La multa global impuesta ayer por Bruselas, la segunda más alta de la historia, se distribuye de la siguiente manera: Lafarge fue sancionada con 249,6 millones de euros (la tercera más elevada contra una empresa); BPB, con 138,6 millones, la sexta; Knauf, con 85,8 millones, y Gyproc, con 4,32 millones. La implicación en la trama de la compañía francesa fue muy superior a la del resto. La multa se redujo a BPB (30%) y Gyproc (40%) por colaborar, mientras que en las otras dos se mantuvieron tal cuales.

La multa más alta de la historia de la UE, de 855,2 millones de euros, se impuso hace un año a ocho farmacéuticas por pactar precios de las vitaminas.

Castigo a las farmacéuticas

También se volvió ayer a sancionar con 2,85 millones de euros a las compañías farmacéuticas Aventis Pharma y Rhône-Poulenc (grupo Aventis) por pactar el precio de la metilglucamina (sustancia química utilizada para la síntesis de productos de contraste en radiología) entre 1990 y 1999. La otra empresa involucrada en el cartel, Merck Kga, se libró de la multa por su "crucial" colaboración con Bruselas. Las tres empresas abarcan la producción mundial de esta sustancia química.

Por otra parte, el regulador europeo exigió a las autoridades españolas la recuperación de una ayuda de Estado superior a medio millón de euros otorgada a la empresa valenciana Refractarios Especiales.