Espías contra el fraude fiscal

El Gobierno argentino recurrirá a agentes legales y espías encubiertos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para perseguir a los grandes evasores de impuestos que eluden el pago de unos 12.000 millones de dólares al año, el 10% del PIB del país. Ante la inmediata reacción de los abogados constitucionalistas, que advirtieron sobre la posibilidad de que se difundan datos reservados y se viole el derecho a la intimidad, los portavoces gubernamentales explicaron que "se trata de un acuerdo de cooperación, sujeto a la ley, entre la SIDE y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) [que controla la dirección de Rentas y de Aduanas] cuando se investigan denuncias o se sospecha que se han cometido delitos específicos como el contrabando o la fuga de divisas". De hecho, agentes de ambos organismos ya han colaborado en la investigación de delitos de contrabando y lavado de dinero.

El convenio, aún no firmado, es de "carácter reservado", pero el responsable de la AFIP, Alberto Abad, anticipó que "sólo habla de asistencia técnica, se trata de dar un marco legal a la colaboración. El secretario de Inteligencia, Miguel Ángel Toma, dijo que "la intervención de la SIDE se limitará a responder a pedidos de información de la AFIP, siempre que el caso no requiera autorización de un juez".

Los técnicos del FMI que controlan las cuentas del país advirtieron al Ministerio de Economía sobre la dificultad para cumplir las metas de superávit fiscal si no se reducía, "al menos a la mitad", el alto índice de evasión impositiva. Argentina aspira a aplazar pagos de deuda con el FMI y los organismos multilaterales de crédito por unos 18.000 millones de dólares hasta 2004.

El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, dijo ayer que no era necesario reformar la Ley de Inteligencia y aseguró a los ciudadanos que el Gobierno "no hará nada al margen de la ley ni de la Constitución". Pero aclaró que "algo hay que hacer, porque la evasión es tan alta que atenta contra la posibilidad de formular cualquier plan económico a largo plazo". Los analistas estiman en 160.000 millones de dólares la cantidad de dinero que una minoría de argentinos mantiene depositados en cuentas fuera del país. Sólo el año pasado salieron 18.000 millones de dólares.

Los inspectores de rentas comprobaron que la mayoría de esos ingresos y las transferencias al exterior no estaban consignadas en las declaraciones juradas de los responsables.