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EE UU aprieta las tuercas a Arabia Saudí para que frene la financiación de Al Qaeda

Bush estudia un ultimátum a Riad si no detiene y juzga a los millonarios sospechosos

Enric González

El Gobierno de Estados Unidos estudia la posibilidad de plantear un ultimátum a Arabia Saudí para que corte la financiación a Al Qaeda y a otros grupos terroristas islámicos. Los servicios secretos estadounidenses creen haber localizado a nueve de los principales contribuyentes a las arcas de la organización responsable de los atentados del 11-S, y siete de ellos son ciudadanos saudíes. El Consejo de Seguridad Nacional propondrá al presidente George W. Bush que dé un plazo de 90 días a la Administración de Riad para que actúe contra esas personas, de las que no se ofrece el nombre.

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Si las autoridades saudíes se mantuvieran inactivas, según el borrador de la propuesta, Estados Unidos actuaría "de forma unilateral" para detener y juzgar a los siete millonarios sospechosos. El plan del Consejo de Seguridad Nacional, revelado ayer por The Washington Post, demuestra que las relaciones entre Washington y Riad son cada vez más tensas. La larga alianza estratégica de Estados Unidos y Arabia Saudí, basada en la fórmula "petróleo por seguridad", sufre una constante erosión desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Fuentes de la Casa Blanca citadas por la agencia Associated Press dijeron que el plan del Consejo de Seguridad Nacional, de aprobarse, supondría un grado más en la presión ejercida desde hace meses sobre el Gobierno saudí. Tres altos cargos del Departamento de Estado, entre ellos el jefe de la oficina antiterrorista, Francis Taylor, han viajado varias veces a Riad desde el pasado verano para exigir a las autoridades locales más actividad en la lucha contra las fuentes financieras del terrorismo. La tensión entre los dos países se agravó a consecuencia de un incidente registrado el 9 de septiembre, cuando ambos Gobiernos anunciaron de forma conjunta la congelación de los bienes de Wa'el Jalaidan, un millonario saudí que formó parte del grupo fundacional de Al Qaeda. Dos días después, el Gobierno de Riad se desdijo. Aunque esa rectificación fue a su vez rectificada y atribuida a "un error burocrático", el incidente disipó la ya escasa confianza de Washington en la actitud de los saudíes.

El borrador conseguido por The Washington Post no indica en qué consistiría la "acción unilateral" con que se amenazaría al Gobierno saudí si no actuara contra los siete financieros sospechosos. Un portavoz del Pentágono descartó por completo que esa frase sugiriera una acción militar. Parecía más probable que la hipotética represalia fuera de tipo económico, pero todo ello resultaba de aplicación dudosa, a la vista del demostrado interés de Bush por mantener buenas relaciones con el régimen wahabí, y dada la necesidad que el Ejército estadounidense tendría de sus bases saudíes en caso de guerra contra Irak.

Empresario investigado

La cadena de televisión ABC afirmó el lunes por la noche que uno de los saudíes acusados por Washington de financiar a Al Qaeda era Yasin al Kadi, un empresario con intereses en la banca, la industria petroquímica, el sector inmobiliario y el comercio de diamantes. Al Kadi ya fue investigado en 1998 por el FBI como presunto cómplice en los atentados contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, pero, según ABC, una orden de Washington cortó en seco las pesquisas sobre el multimillonario. Al Kadi aseguró el año pasado que nunca tuvo ninguna relación con Al Qaeda.

Las críticas estadounidenses al régimen de Riad son continuas desde que, el pasado viernes, se descubrió que la esposa del embajador saudí en Washington pudo haber auxiliado económicamente, de forma indirecta, a dos de los terroristas del 11-S (eran 19 en total, 15 de ellos saudíes). "Temo que muchos miembros de la familia real saudí, o allegados a ella, han estado ayudando a los terroristas", dijo el senador republicano Richard Shelby. Otros senadores de gran influencia, como el demócrata Joe Lieberman y el republicano John McCain, expresaron la sospecha de que la Casa Blanca hacía lo posible, por razones tácticas y estratégicas, para encubrir las relaciones de la potencia petrolera con el terrorismo islámico.

El Gobierno estadounidense trató de calmar los ánimos. "El Gobierno saudí es un buen socio", dijo Ari Fleischer, portavoz de la Casa Blanca. El propio secretario de Estado, Colin Powell, consideró "improbable" que la esposa del embajador saudí, amigo personal de Bush, hubiera ayudado "de forma consciente" a un terrorista.

La esposa del embajador, princesa Haifa al Faisal, envió en los meses previos a los atentados varios cheques de 2.000 dólares a Osama Basnan, un súbdito saudí establecido en San Diego (California), para que cubriera los gastos médicos de su mujer. Varios de esos cheques, según la revista Newsweek, acabaron en la cuenta de Omar al Bayumi, un amigo de Basnan que era, a su vez, amigo de Jalid Almidhar y Nawaz Alhazmi, dos de los terroristas que estrellaron un avión comercial contra el Pentágono el 11 de septiembre.

Bush es aplaudido por varios congresistas tras firmar la nueva ley antiterrorista.
Bush es aplaudido por varios congresistas tras firmar la nueva ley antiterrorista.ASSOCIATED PRESS

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