Los acusados por el vertido de lodos del Segura declaran en el juicio que obedecieron a los alcaldes

Después de un proceso largo y complicado, dos imputados y catorce testigos prestaron ayer declaración en los juzgados de Orihuela por los vertidos de lodos contaminantes en 1998 en los sotos de Rojales, Orihuela y Formentera del Segura. Los procesados, Luis Javier Fábregas González, representante de la empresa que efectuó los trabajos de extracción de fangos, y Julio Muñoz Bravo, técnico de la Confederación Hidrográfica, apuntaron hacia los alcaldes como presuntos responsables de los vertidos. Fábregas señaló incluso que el emplazamiento para almacenar los sedimentos se acordó en una reunión celebrada en la alcaldía de Rojales, donde participó también un técnico de la confederación.

Los colectivos que reivindican el saneamiento del río Segura vivieron ayer un día histórico: la apertura del primer juicio oral por la contaminación que soporta este cauce. El fiscal solicita dos años de cárcel para cada uno por un delito ambiental. Durante sus intervenciones los dos alegaron desconocer la ubicación exacta de los depósitos de sedimentos que se trasladaron a los sotos de Formentera, Rojales y Orihuela pero apuntaron hacia los alcaldes de estos municipios como presuntos responsables de la negligencia ecológica.

"El alcalde de Rojales fue el que ordenó que intentáramos trasladar la masa fangosa allí [en alusión a los sotos de Rojales y Formentera]. Era el juez privativo de aguas y por tanto la máxima autoridad", explicó Fábregas.Aunque Fábregas sí admitió conocer los vertidos que se efectuaban en el soto de Formentera, precisó que esa determinación no partió de la empresa Pozos Reunidos (filial de Acuagest Levante). Las decisiones, indicó, se adoptaron en una reunión ajena a la mercantil. "Fue en la alcaldía de Rojales y en ella participaron el alcalde, Antonio Martínez, Joaquín Ezcurra, de la CHS, varios concejales y el síndico de riego". El segundo acusado fue explícito y rotundo al indicar que la responsabilidad de los depósitos no atañe a la confederación.

La vista oral se prolongó por la tarde con la declaración de parte de los testigos. La prueba seguirá esta mañana. Uno de los testigos que sí declaró fue el alcalde Rojales, Antonio Martínez, del PP, que rechazó la versión de los acusados. Martínez dijo que los sotos donde se lanzaron los vertidos no son propiedad municipal y que en ninguna reunión los alcaldes acordaron echar allí los vertidos. "Fue una decisión de las empresas de los acusados", matizó.