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Navarra se queda el dinero destinado en el IRPF para fines sociales y la Iglesia

La oposición acusa al Gobierno de no respetar la voluntad del contribuyente

La Hacienda Foral de Navarra se queda el dinero que los contribuyentes deciden destinar a la Iglesia católica o a otros fines sociales en sus declaraciones de la renta, unos 780.000 euros anuales, según datos del propio departamento de Economía. La casilla de los impresos del IRPF donde cada contribuyente es interrogado sobre si destina el 0,5239 % de la cuota íntegra del IRPF a la Iglesia católica u otros fines sociales no es tenida en cuenta por la Administración foral, que decide por su cuenta el destino final del dinero. El PSN, Izquierda Unida y Batzarre han denunciado el "engaño" que supone para los ciudadanos el mantenimiento de estas casillas optativas en las sucesivas campañas de renta y reclaman mecanismos que ofrezcan una transparencia absoluta a la hora de garantizar el destino finalista de ese porcentaje del impuesto.

La función de la Administración es únicamente la de canalizar el dinero, sin asignarlo presupuestariamente ni transformarlo en subvenciones.

Los navarros dan a la Iglesia cada año algo más de 540.000 euros por este sistema, creado tras los acuerdos de 1979 entre el Estado y el Vaticano para contribuir a sufragar los gastos de la estructura eclesial. A otros fines sociales se destinada en las declaraciones de IRPF 240.000 euros. En el resto de España, desde hace dos años, los contribuyentes pueden incluso marcar ambas casillas, lo que duplica el dinero que la hacienda pública entrega a sus destinatarios. En Navarra se produce la circunstancia contraria desde 1987, se queda el dinero.

El Gobierno navarro afirma, no obstante, que cumple la voluntad de los ciudadanos, ya que anualmente otorga a la Iglesia católica subvenciones y ayudas para conservar su patrimonio histórico-artístico. De igual manera, según la respuesta del consejero de Hacienda, Francisco Iribarren, a una interpelación socialista, el Ejecutivo concede anualmente ayudas para "emergencias internacionales", así como 7,7 millones de euros a diversos organismos sociales.

Estas son, sin embargo, aportaciones sujetas a su voluntad política y realizadas según sus propios criterios, procednetes del presupuesto de Bienestar Social. "Nos ha dado usted la razón", contestó el portavoz socialista Carlos Cristóbal al consejero Iribarren. "Da igual lo que los ciudadanos decidan. El Gobierno lo destina a lo que él quiere. La Iglesia nunca se quejará porque recibe mucho más de lo que los ciudadanos asignan", insinuó Cristóbal, "pero nadie puede saber si lo gastan en fines sociales o en qué lo gastan".

Navarra nunca ha realizado convocatorias públicas para distribuir el porcentaje atribuido a fines sociales, a diferencia de las que anualmente convoca el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al margen de sus propios presupuestos para esos fines. Tampoco entrega directamente a la Iglesia lo asignado por los contribuyentes. La alarma la dieron algunas organizaciones no gubernamentales navarras cuando el Ministerio de Trabajo comenzó, en 1998, a rechazar sus peticiones de ayuda, y también las realizadas por asociaciones del País Vasco, alegando que ambas comunidades tienen competencias fiscales propias.

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