Las tarifas de la nueva discordia

El Gobierno de Argentina y las empresas de servicios públicos privatizados están discutiendo cómo, cuándo y cuánto aumentar las tarifas de las prestaciones, congeladas desde enero pese a la devaluación del 71% del peso. El incremento es una de las condiciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige a Buenos Aires para un acuerdo de asistencia financiera que difícilmente se firmará este año. Las compañías piden que se restaure la rentabilidad previa a la desdolarización y congelación de los precios, para asegurar el pago de sus deudas en divisas.

El precio de las prestaciones por el servicio está congelado desde enero, pese a la devaluación del 71% del peso frente al dólar

El Gobierno anuncia un aumento del 10% de las tarifas antes de fin de año, frente al ajuste del 30% demandado por las empresas y por el FMI

El ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna, considera justa un alza de precios de los servicios, pero advierte de que el anterior nivel de beneficios de algunas operadoras cubría el pasivo sobre el que se apalancaron las casas matrices para comprar las empresas estatales en los años noventa.

"No hay ninguna empresa de servicios públicos que no cubra sus gastos operativos", aclaró Lavagna en un reciente encuentro con empresarios. "Algunas pocas cuentan con capacidad de pago de su deuda", admitió después. "Pero las cosas no pueden seguir así. Las compañías deben tener utilidad y capacidad para hacer nuevas inversiones", agregó, ante la amenaza de las operadoras de electricidad, aguas, gas, teléfonos, autopistas, ferrocarriles y puertos de que la falta de recursos puede derivar en un colapso de la infraestructura del país. No obstante, el titular del Palacio de Hacienda advirtió de que el aumento de tarifas sólo permitirá restituir un nivel de rentabilidad mínima y no el que necesitan algunas privatizadas para reportar suficientes dividendos a sus compañías holding, altamente endeudadas para financiar la compra de sus controladas.

"Lavagna dice la verdad. Algunos holding tienen una deuda elevada originada por la compra de las operadoras de servicios públicos y ahora necesitan que éstas recuperen una considerable rentabilidad porque son sus únicas fuentes de recursos", describe Rafael Ber, analista de la consultora Argentine Research. "Estas compañías son las que no se conforman con unos beneficios mínimos", señala. "Tal vez las privatizadas ofrecían, antes de la devaluación, un retorno exagerado. Sin embargo, las empresas tienen razón en protestar porque hicieron sus números y se endeudaron teniendo en cuenta los contratos en dólares que firmaron en su momento con el Gobierno", concluye.

Entre las compañías implícitamente acusadas por Lavagna figuran, según Ber, las sociedades controladoras por Telefónica de Argentina (Cointel, dominada indirectamente por Telefónica, SA), Telecom Argentina (Nortel, propiedad de France Télécom y Telecom Italia), Transportadora de Gas del Sur (Ciesa, perteneciente a la local Pérez Companc y la norteamericana Enron) y la eléctrica EDEA (Ieba, filial de la italiana Camuzzi). Por supuesto, ninguna empresa se reconoce blanco de las palabras de Lavagna. Los analistas coinciden en que el argumento del ministro es político, responde a su necesidad de moderar el impacto de un aumento de precios sobre la castigada población argentina, pero carece de solidez, pues cada empresa es dueña de endeudarse como desea. "Los pasivos eran adecuados a las condiciones fijadas al comienzo del proceso de privatización, en 1990", asegura Marta Castelli, analista de la calificadora Standard & Poor's.

La fuente de fondos de Cointel son los dividendos que recibe de Telefónica de Argentina, que en la actualidad encuentra dificultades para distribuirlos por la pesificación de las tarifas y su pasivo de 1.877,8 millones de dólares. En los ejercicios de 1997 a 2001, los dividendos de la sociedad holding sumaron 601 millones de dólares. En el período finalizado el 30 de junio de 2002 ascendieron a 97,2 millones, abonados en noviembre del año pasado. La calificadora Fitch considera en su último informe que la capacidad de pago de los compromisos financieros de Cointel, que ascienden a 368,4 millones, "depende hoy exclusivamente de la asistencia financiera de sus compañías relacionadas", Telefónica Holding de Argentina, Telefónica Int. Holding, Telefónica Internacional (TISA) o Telefónica, SA. De ahí que Fitch haya concedido la calificación nacional B+ a Cointel, que significa un riesgo crediticio significativamente más vulnerable respecto de otros emisores del país. No obstante, fuentes del grupo español alegan que el pasivo de Cointel resulta "insignificante" comparado con el de Telefónica de Argentina.

La deuda de Cointel

La duda radica en el origen de la deuda de Cointel. En 1996 representaba 961 millones y al año siguiente saltó a 1.696 millones. Eran los tiempos en que la sociedad era participada no sólo por Telefónica sino también por el Citibank y el controvertido banquero Raúl Moneta. Eran épocas de alegres inversiones en distintos sectores, incluidos los medios de comunicación. En 1998, el pasivo se recortó a 1.276 millones y así fue bajando a 1.172 millones en 2001 y a 368,4 en la actualidad. "La casa matriz rescató deuda", destacan en el grupo. Además, aclaran que Telefónica elevó su participación directa e indirecta en Telefónica de Argentina del 29% en 1999 al 98,5% actual mediante 5.200 millones provenientes de la casa matriz, sin endeudar a Cointel.

El Gobierno, las provincias y los líderes parlamentarios se comprometieron esta semana a apoyar un decreto de Eduardo Duhalde para subir un 10% las tarifas antes de fin de año. El aumento precisará de la complicada ratificación de un Congreso atomizado para evitar que las asociaciones de consumidores lo frenen en los tribunales. El Ejecutivo también consiguió un compromiso para elevar el aumento al 20% en los primeros meses del año próximo. El FMI y las empresas pedían un ajuste del 30%, menor a la inflación del 40% en lo que va de año.