Gestión sanitaria

El reciente anuncio del rescate por parte de la Administración de la concesión al sector privado de la gestión del hospital de Alzira ofrece una ocasión inmejorable para hacer algunas reflexiones al respecto del tan manido debate entre lo público y lo privado. Antes que nada conviene dejar claro que no es lo mismo ceder la gestión de un servicio público que privatizarlo. En el primer caso la administración conserva su titularidad y transfiere el modo en que se suministrará a la sociedad a cambio de un precio. Pues bien, cuando un gobierno decide adoptar un modelo de gestión privada, hay que entender que, per se, dicho sistema de provisión no tiene que perjudicar a la universalidad del servicio ni constituir menoscabo de nuestro estado del bienestar. Y esto es así, porque cuando los poderes públicos fundamentan esta decisión, lo hacen basándose en criterios de estricta eficacia en la gestión, garantizando que las condiciones de acceso y los beneficiarios serán idénticas que en el supuesto de provisión pública. Por tanto, el debate público-privado no sólo tiene que darse en el momento de los proyectos, sino fundamentalmente cuando al cabo de un cierto periodo de tiempo (y en el caso de Alzira ya ha transcurrido ese periodo), existe margen para evaluar los costes y beneficios de la decisión política antes adoptada. Es en ese momento, cuando los ciudadanos deben exigir a los políticos la rendición de cuentas de aquellos proyectos. Sería deseable que todos reflexionáramos acerca de nuestra responsabilidad como miembros de un estado social y democrático de derecho.