Clos denuncia que la Generalitat excluye a Metro de la línea 9

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó ayer una moción en la que se exige al Gobierno catalán que abandone la idea de sacar a concurso la línea 9 del metro y la adjudique de forma directa a Metro de Barcelona. El concurso tendría dos consencuencias: no podrían acudir al mismo las empresas públicas (Metro y Ferrocarrils de la Generalitat) y supondría un encarecimiento del 25% en el precio de los billetes del transporte público. Casas añadió que es falso que la Unión Europea obligue al concurso; al contrario, excluye del mismo al transporte urbano.

La propuesta contó con los votos a favor de la mayoría municipal (socialistas, republicanos e ICV), mientras que la oposición (PP y CiU) votaba en contra. El artículo de la ley de acompañamiento que prevé adjudicar por concurso la línea 9 del metro tiene que ser retirado por varios motivos, adujeron el alcalde, Joan Clos, y el primer teniente de alcalde, Xavier Casas: el concurso impide que participen las empresas públicas ya que las privadas podrían aducir que no competían en igualdad de condiciones. La nueva línea sería, pues, para un operador privado o para uno de otra ciudad. Podría acudir, por ejemplo, el metro de París o el de Roma, pero no el de Barcelona ni Ferrocarrils de la Generalitat.

Hay más, explicó Casas. El proyecto de ley prevé un canon:cada metro pagará por pasar por la vía. Con ello, Barcelona se convertiría en la primera ciudad del mundo en tener un "metro de peaje". Este canon serviría para pagar la inversión. Se da pues la paradoja de que el Gobierno catalán llena las páginas de sus publicaciones de publicidad diciendo que es la obra emblemática y que la paga él; en realidad, la pagarían los usuarios y los municipios. El incremento no sería inferior al 25%, afirmó Casas.

Con esta afirmación, Casas rebatía la afirmación del presidente del grupo de CiU, Joan Puigdollers, que había asegurado que la nueva línea la pagaba el Gobierno catalán en su totalidad.

En la herida hurgaron también los concejales Eugeni Forradellas (ICV) y Jordi Portabella (ERC). El primero leyó un anuncio en el que se afirmaba: "El metro llega gracias a CiU", para añadir que se habían olvidado de escribir que lo hacía "con 20 años de retraso". Portabella enunció las consecuencias de la privatización de la línea: aumento del precio del billete y descoordinación en la red al haber varios operadores separados. "Ustedes han pensado un sistema para cargar su mala gestión al ciudadano", afirmó Portabella.

El concejal de ERC razonó que el Gobierno catalán podía haber optado por financiar la línea 9 como establece el convenio de infraestructuras: dos tercios de aportación autonómica y un tercio a cargo del Gobierno central. No lo ha hecho así porque no tiene dinero debido a la pésima gestión que realiza y ha buscado una fórmula (el método alemán de pago a la entrega de la obra) que evita que figuren las partidas como deuda, pero también exime de pago al Gobierno central. Para pagarla, crea el canon de paso (el metro de peaje) y se lo endosa a los usuarios. Conclusión: el Gobierno catalán no paga, apenas adelanta el dinero que paga el usuario.

Casas abundó: la red de metro de Barcelona ha aumentado en los últimos años un 70% por debajo de la de Madrid. En el periodo 2000-2010 la inversión media anual en el metro de Madrid sería de 616 millones de euros; en Barcelona, de 250 millones. Esto en inversiones. En ayudas a la explotación, la suma de las aportaciones de la Administración central y la autonómica es en Barcelona inferior a la de Madrid en 131 millones de euros.

Puigdollers anunció, aunque no dijo si lo hacía en nombre de CiU o también del Gobierno catalán, que si Metro no puede acudir al concurso, éste no se hará.