Blanqueo barato

"Me alegra que me haga usted esa pregunta", pudo haber dicho Rodrigo Rato en respuesta al diputado del PP que inquiría sobre el expediente abierto al HSBC, el banco del que se sospecha una intervención decisiva en la estafa de Gescartera. El vicepresidente sí tenía algo que decir al respecto, y ya que casualmente se le preguntaba por ello en la sesión de control del Parlamento, informó de que el ministerio que dirige había decidido doblar la multa propuesta contra esa entidad por la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales.

Se multa al banco con un total de 2,1 millones de euros por incumplir sus obligaciones legales en relación a la prevención del blanqueo de dinero. Es tranquilizador que los mecanismos de control previstos hayan permitido establecer esa responsabilidad. Mejor dicho, lo sería si no fuera porque el expediente correspondiente no se inició hasta marzo de este año, muchos meses después de que estallara el escándalo Gescartera/HSBC, y porque la relativamente escasa cuantía de la multa en relación al volumen del fraude es perfectamente asumible por el banco, que ha mantenido 138 cuentas opacas y no ha aplicado sistemas internos para evitar el blanqueo de capitales.

El formato del insólito sistema elegido por Rato para comunicar la sanción impidió pedirle explicaciones sobre la aparente contradicción entre el resultado de ese expediente y lo que él mismo había manifestado hace un año en relación al posible encubrimiento por el HSBC de operaciones de blanqueo. Las cuentas, dijo Rato el 28 de noviembre de 2001, en otra sesión de control al Ejecutivo, "cumplen con la obligación legal de identificación del titular y, por tanto, ni son opacas ni son ilegales, en la medida en que no son anónimas". "El Banco de España", dijo también Rato hace un año, "ha informado de que no se han detectado cuentas cifradas o sin identificar". Pero la Comisión multa al HSBC por ausencia de identificación de clientes, lo cual equivale a reconocer que sí eran cuentas opacas.

Durante meses, el mensaje recurrente del Gobierno sobre Gescartera fue que habían fallado los mecanismos de control privado, las auditorías, pero no los públicos. Es una posición indefendible a día de hoy. El lunes pasado, el mismo día que recibió el informe de la Comisión de Blanqueo, Rato declaró que el Gobierno respondería políticamente de su decisión sobre las sanciones propuestas por esa comisión. Que lo haga cuanto antes.