La SGAE asegura que la piratería llega ya al 22,9% y exige al Gobierno que actúe
Michavila anuncia varias reformas legales y promete luchar contra el fraude a la creación
Las pérdidas causadas por la piratería al sector discográfico español se han situado en el 22,9% a 15 de octubre de 2002, año en que 40 pymes del sector han tenido que cerrar. Eso dijo ayer Eduardo Bautista, máximo ejecutivo de la SGAE, al abrir el seminario El fraude a la creación intelectual, antes de exigir al Gobierno que actúe con firmeza. El ministro de Justicia, José María Michavila, se comprometió a acometer reformas legislativas para luchar de forma más efectiva contra la "epidemia". La UE, donde el fraude ha acabado ya con 100.000 empleos, ultima una directiva comunitaria.
Michavila dijo que Justicia dotará a policías, jueces y fiscales de instrumentos legales más rápidos y eficaces para luchar contra los piratas que violan la propiedad intelectual. Entre otros, citó los juicios rápidos para faltas y delitos, y la modificación del artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que eliminará la denuncia como requisito para que las fuerzas de seguridad actúen contra los puestos de venta ilegales. Esta medida, dijo, será efectiva a partir del 28 de abril de 2003.
Además, Justicia modificará el Código Penal para regular las penas por estos delitos introduciendo los agravantes de utilización de menores o pertenencia a organización delictiva.
Michavila también resaltó que la Euroorden, que entrará en vigor el próximo 1 de abril, permitirá la desaparición de las fronteras en ocho países europeos en la persecución de esos delitos, lo que facilitará la lucha contra las redes internacionales.
El presidente ejecutivo de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Eduardo Bautista, pidió a Michavila el compromiso del Gobierno en la lucha contra la lacra de la piratería, y adelantó un dato del nuevo estudio de la SGAE, actualizado el 15 de octubre, según el cual el impacto del fraude en España contra la música grabada alcanza el 22,9%: de cada cien discos nuevos que llegan a los hogares españoles, 23 son copias ilegales.
Preocupado "por la semántica del problema", Michavila calificó el fraude al creador como "una epidemia que no merece la aplicación del término piratería, que tiene connotaciones románticas", y reivindicó la expresión propiedad intelectual: "La palabra 'propiedad' sólo los que hemos sido liberales hace tiempo la hemos defendido siempre".
Además, el ministro aprovechó para criticar al fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo (que declaró en su día su oposición a los juicios rápidos), y reprochó a Alaska, sin citarla, que haya expresado públicamente sus dudas en torno a las razones de la industria en el asunto.
Bautista recordó que los derechos generan 1.000 millones de euros al año en España (la mitad pertenecen a programas informáticos y la otra mitad vienen de autores y artistas, explicó), y contó que la SGAE administra un 25% de esa cantidad total, unos 250 millones de euros anuales.
También señaló que el cine, vía DVD, está cada vez más presente en las mantas, "donde ya ocupa un 20% de la oferta", aunque vaticinó que no dañará mucho al sector: "Las compañías cinematográficas son más poderosas que las discográficas, y si ven que hay peligro serio son capaces de darle la vuelta al país entero".
Explotación
Michavila subrayó, no sin dramatismo, la importancia de la concienciación social: "Debemos explicar al ciudadano que al comprar un disco ilegal no está dando una limosna, sino contribuyendo a la explotación de un ser humano que suele vivir hacinado en un apartamento de 40 metros cuadrados y que tiene los dedos abrasados de tanto usar las tostadoras (copiadoras). Las redes que atentan contra la creación son las mismas que se encargan de las drogas, el tráfico de armas y la explotación sexual".
Bautista también se mostró preocupado por la sensibilización: "Las mantas", dijo, "ocupan un espacio en la vía pública que escandalizaría a cualquier ciudadano si ofreciesen, por ejemplo, medicinas o documentos falsificados. Los niños y los adolescentes tienen que saber que son delitos muy graves. Hay que explicar adónde va ese dinero".
El tercer participante en la primera sesión del seminario, que se clausura hoy, Jörg Reinbothe, director de la Unidad de Derecho de Autor de la Comisión Europea, anunció que la directiva comunitaria sobre piratería estará lista el 4 de diciembre, aunque el trámite posterior "llevará tiempo, como todo en la UE". En todo caso, añadió, la directiva será un gran paso adelante, "el primero de una serie de iniciativas que aumentarán la cooperación entre Estados para ganar una batalla que no podemos perder".
Reinbothe hizo referencia a los países candidatos a ingresar en la UE al destacar la piratería rampante en el este de Europa, y Eduardo Bautista reclamó que la Unión decida que uno de los criterios de integración de esos países sea el cumplimiento de la legislación de derechos de autor y la lucha antipiratería.
Madrid, paraíso ilegal
La venta ilegal de música en España es una de las más altas de Europa. Las cifras que recaudan las mantas en las calles y los vendedores en los bares se acercan ya al 30% del negocio total, con un incremento sostenido del 25% en los últimos cuatro años. Según la SGAE, en 2001 la piratería supuso pérdidas por valor de 108 millones de euros. Y si en 1998 se vendieron 23 millones de discos vírgenes, en 2000 fueron 105 millones y en 2001 138 millones de unidades, con lo que Hacienda dejó de ingresar 40 millones de euros. Las previsiones para 2002 son peores: las pérdidas alcanzarán los 200 millones de euros. En paralelo a estos aumentos, han crecido también las detenciones e incautaciones de material ilegal. En los primeros nueve meses de 2002, las fuerzas de seguridad han hecho 865 operaciones, con 1.214 personas detenidas, 917.215 discos ilegales y 267 duplicadoras intervenidos. Por comunidades autónomas, Madrid y Andalucía copan el 79,5% de la venta ilegal. La capital lidera ampliamente las cifras, con un 49,5% del total de manteros, mientras las ocho provincias andaluzas aglutinan el 29,9%. En cuanto a las detenciones, la cifra de ambas regiones suponen el 71% del global.La SGAE cuantifica también los cierres de negocio: 40 tiendas pequeñas cerraron en 2001. Y los despidos: más de 1.000 trabajadores perdieron su empleo ese mismo año.
Babelia
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