A pique

Desastres como el del petrolero Prestige, hundido ayer frente a las costas gallegas tras una semana de agonía, revelan la impotencia de las autoridades europeas para acabar con las estrategias empleadas por empresas petroleras y armadores para burlar la normativa sobre seguridad. El desastre, cuyo alcance final es todavía una incógnita, plantea también dudas sobre quién defiende el interés público cuando se entrecruzan diversos intereses privados.

Ya casi no sorprende que cada vez que se produce un accidente de este tipo sea difícil establecer datos tan elementales como el origen y destino de la carga y hasta la naturaleza exacta de la misma. Tras la no resuelta polémica sobre si el barco se dirigía o no a Gibraltar, cuyo atractivo deriva de su condición de paraíso fiscal, el Grupo Popular en el Parlamento Europeo solicitó ayer de la Comisión de Bruselas que investigue si el producto que transportaba contenía una proporción de azufre superior a la autorizada.

Sorprende menos que los buques siniestrados sean viejos, por un lado, y utilicen, por otro, banderas de conveniencia de países menos exigentes en materia de seguridad. Tras los accidentes de los años setenta, las petroleras dejaron de utilizar sus propios barcos y trasladaron esa responsabilidad a armadores que con frecuencia diluyen la suya subarrendando el servicio a otras compañías. Gran parte del transporte de mercancías peligrosas se efectúa con este sistema y estos riesgos.

Una consecuencia de este tipo de siniestros suele ser la aparición de personas que pontifican (a posteriori) sobre lo que debería haberse hecho y no se hizo. En este caso, con la misma seguridad se afirma que ha sido un acierto alejar al buque de la costa, para evitar una contaminación mucho mayor, como que ése fue el principal error al ampliar el abanico de costa afectada por efecto de los vientos y mareas. La duda es quién tiene la última palabra sobre tales cuestiones. Se supone que no será el armador, aunque cuente con asesoramiento técnico.

El Prestige se fue ayer a pique en una zona de la mar de 4.000 metros de profundidad. La hipótesis más favorable es que las temperaturas abisales solidifiquen el fuel, lo que casi eliminaría el peligro de nuevas mareas negras; pero otros expertos temen que antes de llegar a esa profundidad el líquido se derrame de los tanques y suba a la superficie, agravando el problema.

Es evidente que un problema tan repetido exige medidas conjuntas de la UE, incluyendo la prohibición, como ayer solicitó el Grupo Socialista del Parlamento Europeo, de que los barcos que transportan mercancías peligrosas puedan circular con bandera de conveniencia; pero, como indicó también ayer el ministro francés de Transportes, no es tanto cuestión de normas como de una policía marítima que inspeccione los buques y las haga cumplir. El debate que se celebrará el jueves en el Parlamento Europeo podrá ser el marco para plantear estas cuestiones. Mientras tanto, y como primera medida, es urgente ayudar a los afectados y combatir la marea negra allí donde llegó.