Un conflicto de cuentas y cartas

Cuesta comprender la serie de desencuentros que vienen manteniendo la consejería de Educación y la Universidad del País Vasco (UPV) durante los últimos meses a cuenta de la gestión y de los presupuestos de la institución dirigida por Manuel Montero. Resulta complicado explicar el que dos entidades públicas que persiguen el mismo fin, la oferta de una enseñanza superior de calidad, y que están condenadas a entenderse tengan tantas dificultades para ponerse de acuerdo. Más aún cuando las discrepancias se escenifican, como ha ocurrido esta última semana, mediante un cruce de misivas que se dicen enviadas por una parte y no recibidas por la otra.

Los problemas comenzaron a presentarse con la prórroga presupuestaria del Gobierno vasco, que afecta de manera directa a la UPV pues, aunque es un organismo autónomo, el 80% de su presupuesto se nutre de la partida que le destina el Ejecutivo de Vitoria.

"En ningún caso la UPV va a salir como quiere", aseguran fuentes de Educación

Esta decisión, y en eso están de acuerdo las dos partes enfrentadas, se traduce en un problema de financiación para la universidad, algo sobre lo que insisten una y otra vez los responsables de la UPV -el rector compareció a petición propia en el Parlamento vasco el 28 de junio para explicar este asunto-, ya que no se tienen en cuenta el aumento en los gastos de la plantilla de la UPV en ese periodo.

El resultado es que se genera un déficit que, según estimaciones de un informe del Departamento de Hacienda concluido en septiembre, asciende a algo más de ocho millones de euros por ejercicio. Sobre dos millones no se tiene una justificación clara de su uso, según fuentes del departamento de Anjeles Iztueta. No obstante, la comisión paritaria universidad-consejería, formada para tratar de solventar esta dificultad, redacta un convenio que firman ambas partes el 3 de octubre, por el que el departamento se compromete a pagar los 16,7 millones de euros de deuda y la universidad, a concretar una serie de datos que le son reclamados.

El 11 de noviembre, Iztueta acusa a la UPV en la comisión de Educación del Parlamento de incumplir el acuerdo, no remitir los datos requeridos y ocultarlos, lo que se niega de forma categórica desde la institución académica. Fuentes del equipo rectoral aseguran que buena parte de esos datos se trasladan al departamento cada mes. En el caso de otros registros, como los costes medios de personal docente, de administración y de alumno por titulación, el convenio recoge en su segunda cláusula que "se establecerá reglamentariamente el procedimiento de cálculo previa audiencia de la UPV y el Consejo Social e informe del Consejo de Coordinación de la Enseñanza Pública Universitaria", lo que no se ha hecho hasta el momento.

A finales de la pasada semana, se conoce que la consejería de Educación ha enviado una misiva al Rectorado en la que le exige de nuevo los datos requeridos con anterioridad y asegura que, mientras esto no sea así, las negociaciones para solucionar el pago del déficit causado por el pago de complementos de productividad al profesorado, la otra deuda pendiente entre UPV y Gobierno vasco, cuyo montante asciende a cerca de nueve millones de euros entre 2001 y 2002, se suspenden.

Según fuentes del departamento, la decisión de pagar estos incentivos la tomó el equipo de Manuel Montero en diciembre de 2000 de forma unilateral y haciendo caso omiso a la exigencia de una existencia previa de crédito presupuestario que establecía el Consejo Social de la UPV cuando dio el visto bueno a esta iniciativa. Fuentes del equipo rectoral, tras insistir en que Montero todavía no ha recibido la carta de Iztueta, rechazan esta interpretación y acusan a la consejera y a su viceconsjero de Universidades, Jon Barrutia, catedrático de la UPV y antiguo vicerrector de Asuntos Económicos con Pello Salaburu, de deslealtad institucional.

"Quieren dejar ver que dimos este paso a escondidas, ocultándolo, y de buenas a primeras. Y se olvidan que se empezó a trabajar en esta medida en el año 1995, se olvidan que aparece recogida en el acuerdo de Gobierno de la legislatura 1998-2002 y que ya se había consignado una partida presupuestaria en el año 2000 para este fin que no se ha renovado y actualizado por la prórroga presupuestaria", afirman estas mismas fuentes.

En cualquier caso, los miembros del órgano rector de la UPV confían en que pronto se pueda aparcar esta polémica que aseguran "no entender", se hable en una mesa sobre este asunto y se pueda alcanzar un acuerdo. Desde la consejería de Educación se asegura, sin embargo, que "en ningún caso la UPV va a salir como quiere". "Va a tener que presentar cosas", subrayan.