El terrorismo, la inmigración y la política agraria causan roces entre España y Latinoamérica

La XII Cumbre Iberoamericana, que comienza hoy en Playa Bávaro, República Dominicana, llega en medio de una crisis internacional capaz de tensar los problemas que suscitan enfoques encontrados entre dos polos: el ibérico, de España y Portugal; y el de una veintena de naciones suramericanas. El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, abogó en mayo, durante la cumbre con la UE, por reducir el peso de las políticas de seguridad para primar las de desarrollo.

'Comprendemos las reacciones más que justificadas a las amenazas del terrorismo y del uso de las armas de destrucción masiva. Pero no queremos que, movidas por el miedo, las grandes potencias sustituyan la agenda de la esperanza, obsesionándose únicamente con el tema de la seguridad', dijo Cardoso, en su intervención ante la cumbre América Latina-Unión Europea, reunida el 17 de mayo en Madrid bajo la presidencia comunitaria española. Acto seguido, describió los objetivos de su propuesta alternativa: 'El comercio abierto, una nueva arquitectura financiera, la lucha contra la pobreza y la exclusión social y cultural'.

Desde entonces, los términos de la ecuación del presidente saliente brasileño, que asumió la voz de toda su región en aquel encuentro con Europa, han seguido evolucionando en dirección opuesta a la que él deseó: la apertura de mercados parece un objetivo secundario en relación con los esfuerzos internacionales por controlar el terrorismo y la inmigración ilegal. Sobre todo, en estos días de acoso a Irak.

Como consecuencia, el presidente del Gobierno, José María Aznar, va a tener dificultades a la hora de exponer en Playa Bávaro las posiciones españolas sobre esas cuestiones. La preocupación por las crecientes actividades de terroristas islámicos en América Latina es un hecho desde el momento en que los servicios secretos de Colombia y Argentina han detectado la implantación de sospechosos, tanto en el ángulo norte -donde confluyen las fronteras de Brasil, Colombia y Venezuela-, como en los límites meridionales de Brasil con Uruguay, Paraguay y Argentina. El Gobierno español estima que es mucho lo que se puede hacer para mejorar la eficacia de la seguridad en esas zonas, y pretende una mayor cooperación entre servicios más que una declaración en materia antiterrorista, que, en principio, no debería encontrar mayores problemas.

Mucho más conflictivo es el asunto de la inmigración, que a menudo ha sido relacionado por Aznar con el de la seguridad. Los rumores publicados durante la cumbre euro-americana de Madrid de que la UE se disponía a ampliar las exigencias de visados a los países de América Latina fueron desmentidos por el Gobierno, después de que los cancilleres suramericanos expresaran algunas contundentes protestas.

Parece que España se ha movido en medios de la Comisión Europea para que ésta pida, en vísperas de la cumbre, visado a los ciudadanos de Ecuador, y hay pocas dudas de que otros se verán afectados por una medida que se aplica, de momento, a Cuba, Colombia, Perú y República Dominicana.

Defensa del visado

Aznar, según fuentes gubernamentales, defenderá que el visado es un instrumento adecuado para lograr el objetivo de potenciar la inmigración legal y disuadir la ilegal, que es la conflictiva. En ese sentido, las mismas fuentes destacan que el visado no ha impedido que los dominicanos lleguen a ser una de las colonias latinoamericanas más numerosas en España. Pero no es un argumento que pueda ser aceptado sin reservas por unos países que vivieron la supresión de los visados, en los años sesenta, como una liberación.

Pero la cuestión que más animosidad puede crear en esta Cumbre Iberoamericana es el económico, porque las demandas de los países latinos de que se abran los mercados a sus productos y cesen las ayudas oficiales que falsean los precios internacionales chocan con el hecho de que la UE acaba de prorrogar la Política Agrícola Común al menos hasta 2013. España y Portugal pueden argumentar, como en el caso de los visados, que es una decisión de los Quince, y no suya, aunque no podrán ocultar que son dos de los que más han bregado porque se mantenga el modelo proteccionista.

En medios gubernamentales españoles se admite que el acuerdo franco-alemán para prorrogar la PAC 'ha aterrorizado' a más de un dirigente latinoamericano. Se sostiene que el Gobierno español puede todavía ofrecer su colaboración a esos países para defender sus intereses en el marco de la Organización Mundial del Comercio, con ocasión de la próxima ronda de las conversaciones de Doha, y en la propia UE, trabajando para que la reforma de la PAC se oriente hacia el desarrollo regional y se aleje del actual sistema de ayudas que distorsiona los mercados.

España tratará de que se eviten los aspectos conflictivos de estas cuestiones y de orientar hacia sus puntos de vista una agenda que es abierta y depende mucho del presidente de turno, en este caso el dominicano, Hipólito Mejía.