Los obispos de EE UU suavizan la 'purga' contra los pederastas

La Conferencia Episcopal católica de Estados Unidos aprobó ayer, a instancias del Vaticano, enmiendas a la política de tolerancia cero que crean tribunales secretos para juzgar a los acusados de pederastia y, ante todo, refuerzan la autoridad eclesiástica, minada por las presiones laicas a raíz de los escándalos de abuso sexual. Con la nueva normativa, la Iglesia intenta poner fin al infame capítulo que comenzó en enero, pero los grupos províctimas reiteraron que ellos no lo han cerrado y calificaron los cambios como un paso atrás.

Los prelados insisten en que no hay retroceso alguno. El espíritu de la reforma, sostienen, es únicamente la protección de los derechos de los acusados, de la misma forma que en junio garantizaron los de las víctimas. En palabras de obispo Francis George, tratan de equilibrar la compasión con los abusados y la justicia con los sacerdotes. 'Nos piden que elijamos entre el acusador y el acusado, pero no podemos hacerlo: elegimos a ambos, amamos a ambos', dijo durante el debate que precedió a la votación. Las enmiendas se aprobaron por 246 a siete votos.

Además de establecer tribunales, el sínodo episcopal limitó a 28 años la edad para denunciar los abusos y modificó la definición de 'abuso sexual' y el lenguaje que obligaba a los obispos a notificar a las autoridades cuando reciban denuncias. Los prelados sólo tendrán a partir de ahora que 'cumplir con las leyes vigentes', lo cual significa que en la mitad de los Estados no cometen una ilegalidad si no alertan a las tribunales civiles.

'Hoy se ha abierto aún más la brecha entre el pueblo y la Iglesia', declaró la presidenta de la Red de Supervivientes de Abuso Sexual del Clero, Barbara Blaine. Los prelados admitieron la fragmentación que la desconfianza hacia el clero había suscitado y dijeron que la nueva política pretendía ser también una convocatoria a la unidad.

La participación de laicos

Sin embargo, la llamada 'contrareforma' se aleja, al menos en el documento firmado ayer, de la transparencia a la que se comprometieron los jerarcas de la Iglesia de EE UU el pasado mes de junio en Dallas. Dos componentes claves de lo aprobado en Dallas eran la apertura de los procesos de verificación de denuncias, así como la participación de católicos laicos en la toma de decisiones. Ambos desaparecen por completo.

Los sacerdotes acusados de abusar de menores ya no serán suspendidos de forma inmediata, como establecía la tesis de tolerancia cero, sino que cada obispo abrirá una 'investigación preliminar' durante la cual el acusado sigue en sus funciones y su identidad permanecerá anónima. Sólo si determina la credibilidad de los alegatos le suspenden temporalmente, hasta que un tribunal eclesiástico lo declare culpable o inocente.

La Junta Nacional de Revisión, supuestamente creada para supervisar el cumplimiento de la política antipederastia en todas las diócesis, no tendrá voz ni voto en los juicios. Se convierte en un órgano de consulta y consejo. Sus funciones de 'vigilancia' parece asumirlas en parte una agente femenina del FBI al que los obispos nombraron justo antes del inicio de la Conferencia Episcopal que hoy concluye en Washington, pero cuyo margen de acción no han precisado. La intención, señalan los grupos províctimas, era disuadir con la agente las críticas a la enmendada disciplina antipederastia.

La retención del poder se convirtió en el objetivo principal de los obispos poco después de finalizar la reunión de Dallas, de la que muchos de ellos creyeron salir debilitados por un exceso de contricción pública. El presidente del sínodo, Wilton Gregory, se ha expresado contundentemente en contra de quienes quieren utilizar los escándalos para socavar la Iglesia. 'Hay quienes quieren explotar la vulnerabilidad de los obispos para lograr sus intereses, atacar a los pastores para dispersar el rebaño', afirmó Gregory.

La reivindicación de la autoridad eclesiástica puede ser a la larga un arma de doble filo. En opinión de los juristas, la versión de la política disciplinaria adoptada ayer abre un rumbo de colisión sin precedentes entre el derecho canónico y el civil. El dilema se producirá cuando un tribunal secreto absuelva a un acusado de pederastia y un tribunal civil lo condene. La norma adoptada ayer aún debe ser ratificada por el Vaticano y tendrá validez por dos años.