PP y PSOE se disputan el aumento de la inseguridad como baza electoral

'La libertad de las libertades es la seguridad'. Con afirmaciones de este tenor, en este caso del ministro de Justicia, José María Michavila, el Partido Popular abrazó ayer con vocación de exclusividad la defensa de una política que acabe con el aumento de la delincuencia que el Gobierno negaba hasta hace poco. 'Es cierto que hay que luchar con más eficacia y más contundencia contra la delincuencia', admitió el titular de Justicia en la clausura de una convención del PP que apostó en Valencia por la lucha contra la criminalidad como el 'mejor garante de la libertad'.

Esa 'lucha más contundente' contra la delincuencia se ha abierto paso en el debate político hasta llenar su primer plano de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 25 de mayo. El cerco a los delincuentes que el PP ofrecerá a los ciudadanos para garantizar su seguridad y su libertad tendrá dos vertientes.

La primera corresponde al Gobierno. Dos ministros se encargaron de anunciar que se 'va a dar un repaso' al Código Penal que reformó el PSOE con Juan Alberto Belloch como ministro de Justicia e Interior. El actual titular de Interior, Ángel Acebes, considera ese Código responsable del 'carrusel de entrada y salida en comisarías' de los delincuentes reincidentes.

La segunda entra de lleno en la campaña electoral. Los ayuntamientos populares se comprometieron ayer (a través de Rita Barberá, presidenta de la Federación de Municipios y Provincias, FEMP) a firmar un convenio con el Ministerio del Interior para 'potenciar las Juntas Locales de Seguridad'. En esencia, se trata de sellar acuerdos de colaboración entre las policías de barrio (municipal) y de proximidad (macional) para la lucha contra las cuatro formas de delincuencia que más afectan a los ciudadanos:

- Robos en domicilios y vehículos, carteristas y tironeros. Estas modalidades, según admitió Acebes en Valencia, son los que más preocupan a la gente.

- Explotación de los inmigrantes, obligados a prostituirse o a ejercer la mendicidad, 'nuevas formas de explotación del siglo XXI'. Así, el PP va a incluir en su programa electoral del 25 de mayo el compromiso de regular la prostitución e impedir que se practique en la calle.

- Lucha contra el comercio minorista de drogas, acompañada por programas de reinserción de drogodependientes y de campañas contra estas sustancias en los centros escolares.

- Lucha contra la violencia doméstica contra las mujeres y los niños. Ya en la anterior convención popular para preparar la campaña, dedicada a la familia, el PP anunció un servicio de orientación jurídica para mujeres y niños maltratados que funcionará las 24 horas, acompañado por un servicio de mediación familiar para regular las visitas a los menores cuando haya más que disensiones en la pareja.

El PP lanzó estos anuncios en clave electoral en una convención que dedicó un espacio concreto a impulsar sus candidaturas a las comunidades de Valencia, a cargo de Francisco Camps, y de Madrid, que encabeza Esperanza Aguirre, pues de ambos depende que el resultado del 25 de mayo se vea como una victoria o una derrota. Pero las dos frases de la próxima polémica trascendieron ayer el objetivo de la convención, titulada 'Más seguridad, más libertad', para entrar de lleno en la lucha partidista.

El ministro del Interior, Ángel Acebes, pidió a los populares la defensa pública en campaña electoral de las casas cuartel de la Guardia Civil en toda España, a las que calificó como la 'institución más representativa' del instituto armado. Acebes contrapuso su defensa a ultranza de las casas cuartel con la 'enorme irresponsabilidad' del PSOE.

El ministro se refirió escandalizado a un artículo publicado por este diario bajo el título Jaque del PSOE a las casas cuartel, que exponía cómo el primer partido de la oposición ha presentado una enmienda a los Presupuestos del Estado para que el Gobierno destine 12 millones de euros 'para facilitar y apoyar el pago de alquileres de viviendas fuera de las casas cuartel'. Acebes repartió esa partida reclamada por los socialistas entre las 2.500 casas cuartel que albergan 30.000 viviendas y concluyó que cada agente recibiría 30 euros al mes -'5.000 pesetas de las de antes'- para alquilarse una casa.

'Es que no saben ni hacer las cuentas', se quejó Acebes antes de pedir a sus correligionarios que en la campaña electoral defiendan 'frente al PSOE el compromiso del PP de mantener las casas cuartel'. Y lo hizo en la Comunidad Valenciana, donde este verano arrancaron las críticas a la seguridad de las casas cuartel tras el atentado de Santa Pola, en el que ETA mató a la hija de seis años de un guardia civil y a un viandante.

'Es más fácil garantizar la seguridad de los guardias civiles en las casas cuartel que hacerlo de forma dispersa en miles de pisos', argumentó Acebes, antes de subrayar que el Gobierno 'dedicará 3.000 millones de pesetas' (18 millones de euros) a mejorar la seguridad de esas residencias. El ministro, en este caso, no dividió la partida presupuestaria entre el número de cuarteles.

La otra frase para la polémica corrió a cargo del titular de Justicia. José María Michavila equiparó otra vez, sin ningún matiz, al PNV y al Gobierno vasco con Batasuna: 'Es muy significativo y muy alarmante que Batasuna, el PNV y el Gobierno Vasco estén en la misma trinchera en favor de quienes siguen asesinando cada día la libertad y la convivencia en el País Vasco', sentenció. Michavila se refería a que la contestación de la demanda de ilegalización de Batasuna 'emplea exactamente los mismos argumentos que el Gobierno vasco presentó [en su día] para pedir la inconstitucionalidad de la Ley de Partidos'.