La nueva Ley de Propiedad Intelectual modificará la gestión de derechos de autor

El borrador de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, presentado ayer por el subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Mariano Zabía, pretende solventar los más de 7.000 conflictos que hay actualmente en los tribunales y dar soluciones a las entidades de gestión que litigan por los derechos de autor.

Las modificaciones vienen impuestas, según Zabía, por 'la necesidad de mejorar el actual sistema de gestión de los derechos de propiedad intelectual y reducir los altos índices de conflictividad que se han producido en los últimos años'. Uno de éstos es el que mantienen desde hace tiempo la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la entidad de gestión Dama, en la que están asociados cineastas, directores y guionistas de televisión. Éstos acusan a la SGAE de retener más de 12 millones de euros que les pertenecen en concepto de derechos de autor. Con la nueva normativa, las entidades de gestión de derechos deberán ajustar sus sistemas contables a las normas establecidas para las entidades sin fines lucrativos y tendrán que depositar sus cuentas anuales en el registro mercantil y hacer públicos sus repertorios y tarifas generales. Además, se creará una nueva Comisión de Propiedad Intelectual, formada por catedráticos, magistrados y expertos en la materia, que mediará en los conflictos.

La entidad de gestión Dama cree que el borrador presentado por el Ministerio de Cultura recoge parte de sus reclamaciones. Precisamente, ayer esta entidad de gestión recibió un auto del Tribunal de Defensa de la Competencia mediante el que se admite a trámite la denuncia interpuesta contra la SGAE por abuso de dominio en el mercado de los derechos de autor.

Las televisisiones Antena 3, Tele 5 y Sogecable (agrupadas en Uteca) consideran que esta regulación contribuirá a eliminar los litigios entre los medios audiovisuales y las entidades de gestión e impulsará el desarrollo de la sociedad de la información.

El borrador podría ser aprobado por el Consejo de Ministros a finales de febrero de 2003, para su posterior remisión al Parlamento.