El Observatorio de Derechos Humanos dispondrá de 1,6 millones

El Observatorio de Derechos Humanos y Libertades del País Vasco diseñado por Federico Mayor Zaragoza, que el Gobierno presentará en el Parlamento como un proyecto de ley, dispondrá de un presupuesto de 1,6 millones de euros, según el proyecto de cuentas públicas presentado ayer a la Cámara. La iniciativa del Observatorio fue hecha pública por el lehendakari en 2001, en el primer discurso de política general tras las elecciones autonómicas de ese año. Esa iniciativa y la de la Oficina de la Víctimas del Terrorismo fueron los dos pilares del giro que Ibarretxe quería dar a su política contra la violencia,después del bienio 1998-2000, marcado por el acuerdo presupuestario con Euskal Herritarrok y el Pacto de Lizarra.

Aunque el Observatorio todavía no ha sido presentado en sociedad, el presidente vasco dijo el pasado 27 de setiembre, durante el último debate de política general, que el diseño de ese nuevo organismo, encargado en febrero al ex director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, ya está en su poder. 'El Observatorio será un instrumento muy valioso para velar por la defensa de los Derechos Humanos y de las Libertades de todas las personas en Euskadi', explicó.

El Ejecutivo quiere presentarlo antes de final de año al Parlamento como un proyecto de ley para que en 2003 esté plenamente operativo. Para ello está recabando los informes jurídicos y administrativos pertinentes previos a su aprobación en Consejo de Gobierno. El Observatorio contempla en su estructura la participación de personalidades de prestigio internacional y tendrá como referencias los tres pactos internacionales ratificados por los gobiernos democráticos: la Carta Internacional de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por otra parte, el proyecto de Presupuestos que hoy calificará la Mesa y acto seguido iniciará el trámite parlamentario cuenta con una partida de 2,5 millones de euros para la Oficina de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, que ocupa una dirección en el Departamento de Interior. Según el proyecto, presentado a la Cámara en soporte informatico y en el tradicional de papel, de esa cantidad asignada a la oficina, 1,98 millones de euros irán destinados directamente a subvenciones a fondo perdido la 'atención directa y personal a quienes sufren cualquier tipo de violencia, chantaje, extorsión o persecución'. Además, dispondrá de una partida de 120.203 euros para subvencionar a las asociaciones de víctimas del terrorismo.

El trámite parlamentario se presenta con las mismas dificultades que el pasado año. El Gobierno en minoría necesita un grupo que le apoye, aunque sea en algunas partidas, para superar el trámite de votación definitiva de las cuentas por departamentos. La oferta de la presidenta de EA, Begoña Errazti a los miembros de la suspendida Batasuna, ha generado fuertes críticas de IU, y la reacción más moderada del PNV: 'Hablaremos [con Batasuna], pero no pactaremos', dijo la vicelehendakari ayer.

El Gobierno cumplió ayer uno de los anuncios del lehendakari, Juan José Ibarretxe, en el pleno de política general: contabilizar en el proyecto de Presupuestos lo que el País Vasco gasta en competencias no asumidas. No se trata de valorar las materias que están sin transferir sino de recalcar que el Ejecutivo gastará en 2003, si el Parlamento aprueba las cuentas, 168,4 millones de euros que, según su interpretación, no le correspondería financiar.

La entrega de los presupuestos al Parlamento ha tenido este año dos actos. El primero fue el pasado jueves con la llegada al registro de la Cámara del proyecto. El segundo se celebró ayer con la protocolaria entrega del CD y los tomos con las cuentas y la foto de rigor de la vicelehendakari y el presidente del Parlamento, Juan María Atutxa. Zenarruzabeitia reveló después cuánto gastará el Gobierno en lo que no tiene asumido. Esta cifra, que figura en un anexo del proyecto, tiene tan solo el propósito de informar a los ciudadanos.

El área de Educación e Investigación concentra cerca del 55% de esta cantidad, al destinarse 92,1 millones de euros al impulso de la investigación científica y técnica. Le sigue el área de Trabajo y Empleo donde, según los cálculos del Gobierno, se incluyen partidas por valor de 59 millones de euros para llevar a cabo programas de formación ocupacional y formación continua. Los gastos en estudios y gestión de expropiaciones del nuevo trazado ferroviario denominado Y vasca, la promoción de los aeropuertos de Loiu y Foronda, el Servicio Vasco de Meteorología y los servicios de Salvamento y seguridad marítima, encuadrados todos ellos en el área de Infraestructuras y Medio Ambiente, se elevan algo más de 8 millones de euros.

La lista se completa con los 4,9 millones de euros del área de Agricultura y Pesca (servicio de inspección pesquera, seguros agrarios y mejora de estructuras comerciales y pesqueras; los 4,9 millones de euros del área de Cultura (programas de apoyo a la cinematografía) y los 410.000 euros del área de Justicia (intervención social penitenciaria y turno de asistencia legal penitenciaria). La mayoría de estos programas no son nuevos y el Gobierno los viene desarrollando desde hace varios ejercicios al considerar que se trata de actuaciones 'imprescindibles para el desarrollo económico y social de Euskadi'. Su inclusión informativa en el presupuesto tiene fin arropar la denuncia del incumplimiento del Estatuto que constituye una de las piezas de la estrategia de Ibarretxe.

Envite rebajado

Al margen del cálculo del gasto en las materias antes citadas, el anexo analiza también el impacto económico de las 37 competencias pendiente de transferencia, según el Informe sobre Prioridades de Negociación de las Transferencias Pendientes, aprobado por el pleno Parlamento vasco el 20 de octubre de 1995. Con la elaboración de este anexo, el Gobierno vasco rebaja sustancialmente el nivel del desafío institucional planteado con las resoluciones aprobadas en julio en el Parlamento por los tres partidos que lo sustentan (PNV, PP e IU). En una de ellas se amagaba con la asunción unilateral de las competencias pendientes y el posterior descuento del gasto realizado del cupo anual que se paga al Estado. Ibarretxe ya descafeinó la naturaleza del envite en el pleno de política general de septiembre, donde anticipó la inclusión del anexo en las presupuestos.

La pretensión es incorporarlo a 'una una eventual negociación con el Estado como una cantidad a compensar o regularizar' del cupo, señaló un portavoz del Departamento de Hacienda. Sin embargo, dado el carácter pactado del cupo, las posibilidades de que esta pretensión prospere si el Gobierno central no la acepta es nula.

Pero, más allá de las cifras, la posibilidad de que el Ejecutivo de Ibarretxe consiga en el Parlamento la mayoría que necesita para sacar adelante el proyecto es remota. El Gobierno ha dejado claro que no van a pactar con Batasuna. Y los otros dos partidos de la oposición siguen rechazando un acuerdo con el Ejecutivo. El portavoz socialista, Rodolfo Ares, anunció ayer que va a pedir a la Mesa del Parlamente que se aclare previamente si las enmiendas a la totalidad que presente la oposición se van a votar conjuntamente, como se hacía tradicionalmente, o por separado, como decidió el presidente el año pasado, en medio de una fuerte polémica.

El secretario general del PP del País Vasco, Carmelo Barrio, fue ayer más duro y aseguró que el proyecto de presupuestos es 'la expresión máxima del plan del lehendakari y están hechos para satisfacer a Batasuna'.