ERC propone que los presidentes de las cajas catalanas no se mantengan en el cargo más de 8 años seguidos
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) cree 'insuficiente' la actual Ley de Cajas de Ahorros catalana para asegurar el correcto desarrollo de estas entidades y, a la vez, garantizar que éstas 'contribuyan al crecimiento económico de la comunidad catalana'.
En consecuencia, los independentistas propusieron ayer una proposición de ley para modificar la ley catalana que, entre otras cuestiones, pide que los mandatos de los presidentes sean de cuatro años. Los mandatos deberían ser renovables una sola vez, y el presidente sólo podría regresar al cargo si, desde que lo hubiera dejado, otro presidente hubiera ocupado el puesto al menos un mandato.
Josep Huguet, portavoz parlamentario de ERC, declaró que la limitación de edad de los presidentes 'no es lo importante', sino que lo que se debe resolver es 'cómo se escogen y cómo se perpetúan en la institución'. Huguet aseguró que su partido quiere 'huir de la guerra personalista iniciada por quienes quieren colocar a algunas personas al frente de las cajas más importantes', en referencia a La Caixa, cuyo presidente, Josep Vilarasau, es el primer afectado por la limitación de edad de 70 años pactada por Convergència i Unió y el PP.
Además de abordar mejoras en transparencia, control interno y democracia, la propuesta de ERC rezuma dos inquietudes: que las cajas se precipiten hacia su privatización y, por otra parte, la gran cantidad de recursos captados en Cataluña que salen de la comunidad por la vía de inversiones, créditos o proyectos beneficosociales.
A la primera inquietud, ERC responde proponiendo que la mitad de las cuotas participativas que emitan las cajas se reserven a las administraciones públicas catalanas, con derecho de suscripción preferente. A la Generalitat se le obligaría a adquirir el 5%, el techo que establece el Estado, mientras que a los inversores privados se les impondría un límite del 2,5% de las cuotas emitidas.
La segunda preocupación de ERC se refleja en su propuesta de fijar un porcentaje de recursos destinados a inversiones en Cataluña, o en la necesidad de que el Gobierno catalán autorice inversiones en inmuebles y participaciones, o en la concesión de grandes créditos.
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