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El Gobierno prevé privatizar la regeneración de las playas para ahorrarse 83 millones de euros

Las empresas recibirán además los derechos de explotación de los negocios playeros

El Gobierno prevé privatizar la regeneración de las playas, que le cuesta unos 83 millones de euros anuales (según datos del pasado año) y representa el 60% del presupuesto de la Dirección General de Costas. Las empresas que se comprometan a regentar y mantener las playas serán compensadas además con la explotación de los chiringuitos y negocios que pululan sobre la arena. El Ministerio de Fomento se los cederá durante el plazo que dure la concesión, tal como se recoge en el proyecto de Ley de Concesiones de Obras Públicas que tramita el Congreso.

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La regeneración de las playas que sean declaradas de interés general no necesitará un permiso. Bastará que Fomento informe de las obras a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Si no están de acuerdo, dirimirá el asunto el Consejo de Ministros.

La Dirección General de Costas dedica a la regeneración de playas el 60% de su presupuesto anual, que el año pasado ascendió a 138 millones de euros. De esa cantidad, '83 millones se invirtieron en el mantenimiento y reparación del buen estado de las playas', según señala un portavoz de Medio Ambiente.

En los presupuestos del año próximo esta inversión será de 107 millones de euros, una cantidad insuficiente, debido a los cuantiosos daños producidos por los temporales registrados durante este otoño en varias zonas del litoral catalán y balear.

Con esta iniciativa, Medio Ambiente se quitará de encima además numerosos litigios contenciosos que le enfrentan con inmobiliarias, ayuntamientos y autonomías, si salen adelante sendas reformas que actualmente tramita el Congreso de los Diputados.

La primera de ellas es una iniciativa del Ministerio de Fomento para regular los contratos de concesiones de obras públicas, es decir la participación de inversores privados en la construcción de carreteras, ferrocarriles, puentes, embalses o, como en este caso, la construcción de paseos marítimos y la regeneración o el mantenimiento de playas multiuso.

La legislación vigente desde la etapa del Gobierno socialista ya prevé la participación privada en actuaciones sobre el dominio público del litoral, pero aparentemente los incentivos no eran suficientes para movilizar a los inversores. Con la futura Ley de Concesión de Obras Públicas resulta mucho más atractivo invertir dinero en playas y paseos marítimos porque otorgará 'la explotación total o parcial de los servicios de temporada en las playas, como contraprestación al coste de ejecución de una obra pública relacionada con éstas que, por su naturaleza y características, no sea susceptible de explotación económica'.

Chiringuitos, restaurantes, puestos de alquiler de paracaídas, motos de agua, salchichas, piraguas, catamaranes y toda suerte de artificios de ocio que pagaban cuotas por ocupación de dominio público al Ministerio de Medio Ambiente, comunidades autónomas o ayuntamientos, negociarán el alquiler del espacio en las playas con las sociedades que se comprometan por concesión a mantenerlas en buen estado. A estas sociedades se les eximirá de pagar el canon de dominio público, cuyo tipo es del 8%.

Expertos jurídicos estiman que es lógica esta exención, al menos durante el tiempo que dure la concesión del mantenimiento del litoral. Cristina Narbona, secretaria de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del PSOE, considera que la prioridad del ministerio debería enfocarse en acelerar el deslinde del dominio público del litoral y dotar con más medios a la Dirección de Costas. En su opinión, el incentivo ofrecido a los concesionarios 'es desproporcionado en términos temporales a la tarea de regenerar las playas, que es coyuntural'.

Para José Segura, ponente socialista del proyecto de ley, el peligro que conllevan estas concesiones es la falta de control por las demarcaciones de costas, muy infradotadas de personal. Cree que la presión de los hamaqueros en muchas playas les permite ocupar los mejores espacios, de manera que resulta imposible encontrar un hueco de arena libre para tomar el sol o jugar a las palas sin tener que pagar por ello.

Vista aérea de una playa de la Costa del Sol, el pasado mes de julio.
Vista aérea de una playa de la Costa del Sol, el pasado mes de julio.PABLO JULIÁ

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