Un Consejo a la medida

Este escrito también se podía haber titulado crónica de una farsa anunciada, ya que desde el primer momento estaba clara la intención del Gobierno de Navarra de instrumentalizar el Consejo del Euskera en función para reponerse del varapalo que supuso la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que declaraba nulo de pleno derecho el Decreto Foral al que los miembros de este organismo, con el mejor estilo de las Cortes franquistas, han dado su beneplácito. Dado que ustedes, haciendo dejación de sus funciones (recogidas en el artículo 4º del DF 135/96), se han limitado a ser, en su mayoría, meras comparsas del Gobierno, les propongo que hagamos ante la sociedad el debate que no han hecho en sus dos reuniones.

El Gobierno podía haber suprimido el Consejo del Euskera y avitar así el informe, pero su orgullo no se lo podía permitir

Independientemente de lo que digan los tribunales, creo que el presidente del Gobierno, Miguel Sanz, ha cometido un fraude a todos los ciudadanos. Ha creado un Consejo a su medida con la intención de que aprobase sin rechistar su decreto. No ha buscado que desde distintos ámbitos de la sociedad se le aconsejase sobre su intención de regular el uso del euskera en las administraciones. Lo que pretendía, y ha conseguido, era un organismo que dijese amén a una propuesta que sólo sirve para crispar la sociedad navarra.

A muchos ciudadanos navarros nos gustaría que, en cumplimiento del artículo 2.1.g, nos mostrase los méritos que avalan los nombramientos de los siete vocales nombrados entre personas de reconocido prestigio en el ámbito del euskera y la cultura vasca. (Por cierto, ¿no había ninguna mujer que alcanzase el perfil?). Crecen las sospechas de esquizofrenia dentro de su Gobierno. ¿Cómo explicar que un tercio del Consejo sean cargos de confianza de su Gobierno, en un organismo cuya finalidad es informar sobre sus propios proyectos? ¡Qué poco se debía usted fiar de sus nombramientos cuando modificó el reglamento del Consejo para permitir un quórum de tan solo tres miembros! Cualquier consejo consultivo tiene como función básica contrastar opiniones y pactar propuestas que posteriormente se elevan al gobierno. ¿Puede comunicar a la ciudadanía qué consejos ha recibido en las dos reuniones del Consejo? ¿Cuándo va a convocarlo nuevamente para que cumpla sus funciones de: 'A) Informar los planes generales y los proyectos normativos relativos a la política lingüística, antes de su aprobación. B) Emitir su parecer acerca de las cuestiones que le sean sometidas por el Gobierno sobre planificación y normalización lingüística. C) Realizar propuestas al Gobierno en relación con el uso y fomento del euskera. D) Cualquier otra función que le atribuyan específicamente las disposiciones vigentes'. (artículo 4).

Hace unos días comentó que su Gobierno podía haber suprimido el Consejo y así obviar el dichoso informe. Es cierto. Pero su orgullo no se lo podía permitir: necesitaba conseguir el informe favorable a su Decreto para reponerse del duro revés sufrido al quedar invalidado el instrumento legal de su política lingüística.

No intente engañar a la ciudadanía con el argumento de que lo que pretende es corregir la discriminación que sufren los no-vascoparlantes para acceder a puestos de trabajo públicos con un Decreto que, en general, posibilita valorar más el conocimiento de lenguas oficiales europeas que el euskera. Esta cuestión fue zanjada por el Tribunal Supremo, que estableció 'que no debe entenderse la exigencia [del idioma] como un requisito ad extra independiente del mérito y capacidad acreditados sino, al igual que cualquier otro conocimiento y condición exigida para el acceso a la función pública, una exigencia con cuya acreditación ya da satisfacción a dichos principios constitucionales en la medida que se trata de una capacidad y un mérito que (...) ha de acreditarse y valorarse en relación con la función a desempeñar'. (Sentencia del TS 27/1991).

Incluso el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en su sentencia de 26 de junio de 2002 que declara la nulidad radical de su Decreto 372, establece que 'hay una relación directa entre el conocimiento del idioma y función pública cuando el primero constituye requisito para el ingreso o provisión de puestos en ese ámbito, más aún si esa regulación afecta a los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el artículo 103-3 de la Constitución (...) por lo que la exigencia del idioma que es oficial en el territorio donde actúa la Administración a la que se aspira a servir es perfectamente incluible dentro de los méritos y capacidades requeridas'. (Sentencia 46/1991) Tal es así que una sentencia reciente obliga al Gobierno español a rehacer una convocatoria para la localidad de Santesteban por no valorar el conocimiento del euskera.

Usted conoce perfectamente el rechazo generalizado que sus actuaciones en materia de política lingüística han provocado entre los agentes sociales más directamente relacionados con el euskera y la cultura vasca. Sabemos, también el valor que concede a dicho rechazo, pero ¿qué reflexión le merece que ninguno de los sindicatos de la Mesa General de Negociación de la Administración apoye su proyecto de Decreto?

Señor presidente: 'Nadie que ame y defienda esta lengua, elemento básico de la cultura de Navarra, puede hacerla objeto de prácticas intransigentes e insolidarias, en su apología y su diatriba'. ¿Suscribe estas afirmaciones? Son palabras que usted pronunció el 11 de junio de 1997 cuando se constituyó el anterior Consejo Navarro del Euskera. Como siempre, quedo a su disposición.

Al resto de los componentes del Consejo, independientemente de lo que votasen, me gustaría nos ofreciesen públicamente las razones de su voto. Podría ser el inicio de un hermoso debate social.

José Luis Mendoza Peña es profesor de instituto en Pamplona y presidente de Euskara Kultur Elkargoa.