Chamizo pide a Marruecos que solucione los problemas que provocan la inmigración

El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, pidió ayer un 'esfuerzo' al Gobierno marroquí para 'solucionar' los problemas internos que, a su juicio, provocan el tráfico clandestino de inmigrantes a través del Estrecho. En las jornadas del Consejo Económico y Social (CES) sobre inmigración, varios consejeros autonómicos coincidieron en pedir el control de los flujos para evitar que se creen bolsas de pobreza y 'una nueva esclavitud'.

En las jornadas monográficas organizadas por el CES, que se clausuraron ayer en la sede de la fundación Las Tres Culturas del Mediterráneo, en Sevilla, José Chamizo se mostró bastante crítico con el Gobierno marroquí al que instó a que 'deje de marearnos' y a solucionar los problemas internos que originan, a su juicio, la salida de inmigrantes que cruzan el Estrecho aún a riesgo de jugarse la vida.

El Defensor del Pueblo andaluz cree que de estos tránsitos clandestinos no sólo se debe responsabilizar a las organizaciones mafiosas, ya que si los inmigrantes se aventuran en condiciones tan arriesgadas obedece a que 'algo está pasando en Marruecos que su Gobierno debe solucionar'. Chamizo también alertó sobre la llegada de inmigrantes polacos a la provincia de Huelva que carecen de contrato, lo que podría generar problemas similares a los ocurridos en la campaña pasada, cuando miles de temporeros extranjeros no encontraron trabajo por la llegada de inmigrantes contratados en sus países de origen.

Nueva esclavitud

Los responsables autonómicos en inmigración de Cataluña, Madrid, Aragón y Andalucía reclamaron ayer, en la mesa redonda que clausuró las jornadas monográficas del CES, un mayor control de los flujos migratorios hacia España. El secretario general para la Inmigración de la Generalitat, Salvador Obiols i Gras, pidió la cesión de competencias sobre la fijación del contingente que hasta ahora realiza el Gobierno. En su intervención destacó la necesidad de la inmigración, pero con límites. 'No caigamos en el error de crear bolsas de pobreza y al final tengamos una nueva esclavitud', dijo. El modelo de integración de Cataluña, donde residen unos 430.000 inmigrantes -incluidos irregulares-, busca compaginar el respeto a las raíces de los recién llegados con la exigencia de que respeten y conozcan las de la comunidad catalana. 'Las nuevas culturas pueden crearnos cierto miedo, pero la globalización es también la de las personas', concluyó Obiols.

El titular de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, destacó la importancia de la llegada de inmigrantes en una comunidad muy despoblada y envejecida. 'No debe tomarse como una amenaza', subrayó. En Aragón residen legalmente 25.000 inmigrantes, pero en términos relativos el salto demográfico en sólo cuatro años ha sido del 43%, el más elevado de todo el territorio estatal.

Por su parte, la consejera de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Pilar Martínez, defendió la puesta en marcha de un modelo 'propio' en España sobre la ordenación migratoria, que incluya procesos de selección de trabajadores extranjeros a través de oficinas específicas abiertas en las embajadas de los países de origen. Martínez, que tampoco dudó al afirmar que en el futuro se buscará 'una inmigración selectiva', precisó que el fortalecimiento de las entradas legales sólo será posible cuando se implanten los centros 'de procesamiento' en el exterior.

El consejero andaluz de Gobernación, Alfonso Perales, volvió a plantear que se excluya la inmigración del debate electoral en los próximos comicios municipales. Además, lamentó que los políticos dediquen muchos esfuerzos a 'capitalizar' las consecuencias de la inmigración y dejen 'poco tiempo para las soluciones'.