Tercer grado

A la controvertida decisión de la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao de conceder el tercer grado y la libertad condicional a un preso etarra condenado a casi tres siglos de cárcel por varios asesinatos en 1978 y 1979, el Gobierno ha respondido con el anuncio de crear un juzgado de vigilancia en la Audiencia Nacional, con jurisdicción en toda España. Aunque existe la posibilidad legal de hacerlo, se necesitarían motivos más sólidos que el enfado por una decisión judicial que no gusta al poder político. Lo peor es que este tipo de iniciativas transmite el mensaje de que en determinados asuntos los jueces deben actuar como meros ejecutores de las directrices del Gobierno.

Lo más llamativo de la decisión de la juez de Bilbao no es haber concedido al mismo tiempo a un recluso el pase al tercer grado y su consiguiente libertad condicional, algo discutible pero no inédito, sino haberlo hecho con un preso etarra que no ha dado muestras de voluntad de reinserción. El tercer grado es condición para acceder a la libertad condicional, pero el reglamento penitenciario establece claramente la clasificación en primer grado -el más duro- de los penados pertenecientes a bandas armadas 'mientras no muestren signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina interna' de dichas bandas.

La juez esgrime cuatro informes técnicos favorables al penado. Si se ha producido un error en este punto crucial, hay posibilidad de corregirlo mediante recurso ante la Audiencia de Bilbao. La sociedad tiene derecho a conocer los entresijos de una decisión judicial difícil de entender. El Consejo General del Poder Judicial hace bien en investigar lo sucedido. Pero lo que rezuma oportunismo es hacer creer que decisiones así pueden evitarse mediante el traslado a la Audiencia Nacional del control de los condenados por terrorismo. Aparte de desconfianza hacia el conjunto de los jueces de vigilancia, esa iniciativa del Gobierno parece ignorar que ese control seguiría en manos de un juez, si bien con jurisdicción en toda España, que podría tomar una decisión idéntica a la de la juez de Bilbao. ¿O piensa el Gobierno que ese juez de la Audiencia Nacional sería más sensible a sus deseos que otros jueces?