El Acuerdo de La Moncloa

Se cumplen hoy veinticinco años de la firma del Acuerdo de La Moncloa por los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria.

Aquel Acuerdo no fue únicamente un pacto para proceder al ajuste de los graves desequilibrios que padecía la economía española en el otoño de 1977. Las líneas introductorias del documento firmado añadían a las medidas de ajuste económico a corto plazo las 'encaminadas a la realización de importantes reformas que encaucen la economía y la sociedad española hacia un futuro de libertad y progreso'.

Las reformas contempladas en el Acuerdo de La Moncloa contuvieron compromisos firmes en el propósito de modernizar nuestra sociedad como la reforma fiscal, la reforma de la Seguridad Social, del sistema educativo, del sistema financiero y de la empresa pública, abordándose la promoción de la vivienda social y un plan energético que tenía que dar una respuesta estable a la dependencia energética de nuestro país y a los efectos de la crisis del petróleo de 1973, ignorados en sus consecuencias por los últimos Gobiernos del régimen anterior.

La prioridad inmediata pasaba, en primer término, por superar la situación de emergencia por la que atravesaba nuestra economía.

La tendencia de la inflación apuntaba a una tasa anual del 30 por ciento a finales de año. Había que reaccionar ante un grave deterioro del empleo, afectado por la caída de la inversión, por el efecto demográfico y por la vuelta de los emigrantes, impulsada por la crisis en las economías europeas. El ajuste económico debía dar también carácter prioritario a la corrección del déficit de nuestras cuentas exteriores, afectadas por la pérdida de competitividad de nuestros productos, por la crisis energética y por la especulación contra la peseta.

El Acuerdo de La Moncloa hizo frente a estos problemas mediante una política de ajuste aceptada primero por los partidos políticos y, posteriormente, por las organizaciones sociales. Los sindicatos, recién salidos de la clandestinidad, y las organizaciones empresariales, recién constituidas, empezaron a ejercer con responsabilidad la función que les correspondía en una sociedad libre, a pesar de las dificultades del momento y de la amplitud de la tarea que tenían por delante.

El Acuerdo, firmado el 25 de octubre de 1977 y debatido en sesión plenaria del Congreso de los Diputados dos días más tarde, fue valorado por la Cámara como '...positivo y esperanzador para la superación de la crisis y la consolidación de la democracia...'.

El Acuerdo de La Moncloa fue una pieza importante para la consolidación de la democracia en España. El deterioro de expectativas provocado por la situación económica animaba un estado de opinión en el que empezaba a hablarse del llamado 'desencanto' que producía la aparente fragilidad del proyecto democrático. Las dudas sobre una transición política a la que se reprochaba la ausencia de ruptura con el régimen anterior, las iniciativas involucionistas y la presión terrible de los atentados terroristas no configuraban el mejor escenario para la elaboración de una Constitución de concordia para todos los españoles.

En este contexto, el Acuerdo de La Moncloa fue un ejercicio de responsabilidad colectiva que permitió abordar el ajuste económico, neutralizando sus eventuales consecuencias negativas sobre el clima de consenso necesario para la redacción de una Constitución con la que pudiera sentirse identificada la inmensa mayoría de los españoles.

El compromiso de los líderes políticos del momento con una propuesta que, por la amplitud de sus objetivos, fue más allá de un plan de ajuste económico, hizo posible la neutralización política de los previsibles efectos sociales del ajuste económico. El importante programa de reformas ayudó a ello; por no tomar más que dos ejemplos, la reforma fiscal permitió distribuir equitativamente el peso del ajuste, mientras que la reforma del seguro de desempleo ayudó a paliar los efectos del aumento del paro. La posterior implicación de los agentes sociales, sindicatos y empresarios, en su aplicación supuso la mejor aportación a la construcción del tejido social necesario para vertebrar una sociedad moderna. La prudente firmeza de los Gobiernos al llevar a la práctica lo convenido supuso la inauguración de un hábito de diálogo y negociación que está en la base de la construcción de nuestra prosperidad presente, pero que además, hace veinticinco años, fue determinante para alcanzar el clima de consenso que presidió la elaboración de la Constitución.

Transcurrido un cuarto de siglo desde aquel Acuerdo, singular por las peculiares características de nuestra Transición, su filosofía política y su ejemplo han sido utilizados como referencias en apoyo de procesos democratizadoras en otros lugares.

Los que tuvimos la ocasión privilegiada de participar directamente en aquel Acuerdo seguimos manteniendo el legítimo orgullo de nuestra contribución a un esfuerzo colectivo que supuso una aportación muy relevante al legado de democracia y libertad que caracteriza nuestra historia reciente.