La funeraria de Bollullos asegura que cumple con la legalidad

El abogado de Funeraria Virgen del Rocío S.L., que gestiona el cementerio privado de Bollullos de la Mitación (Sevilla), aseguró ayer que siempre ha cumplido la legalidad y que ha colaborado con el juzgado de Sanlúcar la Mayor en la investigación por la aparición de restos orgánicos en la instalación.

En un comunicado, el abogado Valentín Domínguez afirma que la existencia de algunas tapas de féretros, que no suman ni un 1% del total de las incineraciones realizadas, se debió a 'la precipitación en la entrega de la posesión de unas fincas, que consideramos no eran objeto del procedimiento por las cual fuimos desposeídos'.

Las coronas que permanecían en el cementerio eran para evitar las suspicacias de una doble utilización y estaban allí hasta su total destrucción, añade el abogado. Según el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, no existe obligación sanitaria para el depósito ni para el transporte de las cenizas, indica el letrado, que defiende que las incineraciones se practicaron de manera correcta.

'La actividad se realizaba con total transparencia, los familiares firmaban la entrada del cadáver y la salida de las cenizas, y se les ofrecía la posibilidad de observar la introducción en el horno', lo que 'muchos familiares hacían', precisa.

Deudas

Respecto a la situación posesoria y administrativa del cementerio, el abogado indica que ni Manuel Romero Campos ni la funeraria tenían deuda con la General de Granada porque la hipoteca que gravaba la finca afectada había sido suscrita por la entidad Tierra Calma.

El 12 de septiembre de 2.002, Funeraria Virgen del Rocío, dando cumplimiento a la resolución judicial, la cual no compartía, entregó la posesión de las fincas demandadas por el juzgado de Sanlúcar, indicó el letrado. Se realizó inspección ocular por el juez titular y el sustituto de Paz de Bollullos, así como por los representantes de la General de Granada, sin que se apreciara anomalía alguna, según el abogado. Sólo se hicieron alegaciones por la empresa en lo referente a la improcedencia de la actuación al ser varias fincas, así como a los perjuicios que podían causarse por no realizarse las incineraciones y a la existencia de un tanque de gas allí ubicado.

La empresa no tomó posesión de la finca hasta 1999, momento en que comenzó su actividad, y posteriormente se subrogó en la licencia de apertura en la actividad de crematorio, por lo que 'desconoce cualquier cuestión relacionada con la tramitación para la obtención de las primitivas autorizaciones municipales' y 'tampoco tenía ningún tipo de compromiso con el Ayuntamiento'. Por todo ello, la empresa asegura que ha cumplido con la legalidad y que fue a instancias suya por lo que se tramitaba el libro, sellado por el Ayuntamiento, de las incineraciones realizadas.