El debate necesario

El debate sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2003, que se inicia el próximo día 23, ha desencadenado una discusión -no exenta de interés pero bastante desenfocada- sobre quiénes deberían protoganizar ese debate por parte del Gobierno y de la oposición. De entrada, es absurdo, como pretende Aznar, vincular la existencia de una alternativa presupuestaria por parte del PSOE a que sea su secretario general quien la formule. Esa alternativa puede existir y ser sólida sin necesidad de que Rodríguez Zapatero la proponga y defienda personalmente.

En realidad no existe una tradición parlamentaria consolidada sobre el protagonismo del líder de la oposición en el debate presupuestario. Hubo épocas -las legislaturas de la UCD- en que esa tarea la asumió por parte del PSOE su responsable en asuntos económicos, Carlos Solchaga en aquella ocasión. Y aunque por parte del Gobierno sea tradicionalmente el ministro de Hacienda el que defiende los Presupuestos, no deja de ser anómalo que eso suceda cuando existe un vicepresidente económico al que, por definición, le corresponde dirigir y coordinar la política económica del Ejecutivo.

Parece obvio que la calidad técnica y política de los Presupuestos, como su alternativa, depende de factores distintos al rango de quienes los defiendan en el debate presupuestario. Sin embargo, no resultaría descabellado que Aznar diera la cara en el debate del próximo miércoles, dado su compromiso personal en la defensa del déficit cero como arco de bóveda de su política presupuestaria.

El Gobierno acude a este debate en el Congreso de los Diputados sin credenciales suficientes que amparen una buena administración de los recursos públicos. Lo hace, en primer lugar, con un proyecto basado en unas proyecciones de la economía que, un año más, no son creíbles para nadie. La previsión de crecimiento económico o la de la tasa de inflación -dos variables relevantes en el comportamiento de los ingresos y gastos públicos- han sido cuestionadas por todas las instituciones económicas, públicas y privadas. La retórica del déficit cero, además de haber quedado desautorizada por lo que hacen gobiernos más serios y realistas dentro y fuera de Europa, refleja un preocupante grado de insensiblidad frente a carencias manifiestas en materia de educación, investigación y tecnología, determinantes para nuestra convergencia real con los países de la UE.

El Gobierno no sólo no adapta el Presupuesto a las necesidades de nuestra economía, sino que impide un debate mínimante transparente sobre sus actuaciones. Al tiempo que se exige transparencia a las empresas, los responsables de la Hacienda pública incumplen su propia Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que en su artículo 5 obliga a suministrar información suficiente y adecuada que permita verificar si esa estabilidad se respeta. El Gobierno da muchos papeles, pero su relevancia es mínima, y, desde luego, no aclaran la verdadera situación de las finanzas públicas. Las nuevas zonas de sombra que incorpora el Presupuesto de 2003 se extienden a los datos necesarios para comparar con la debida homogeneidad los efectos de las transferencias sanitarias o de la rebaja del IRPF y a la identificación de las fuentes de financiación de las políticas públicas reseñadas.

Ante carencias tales, el Gobierno se empeña en la manipulación de encuestas de encargo al CIS en lugar de garantizar la completa transparencia y rendición de cuentas. Y se empeña en legitimar una retórica del imposible déficit cero cuando el resto de Europa, incluido el presidente de la Comisión Europea, reconocen las rigideces del Pacto de Estabilidad, susceptibles de agravar las dificultades económicas en lugar de compensarlas. Razones hay, por tanto, para que el debate presupuestario no vuelva a ser poco más que un mero trámite al margen de lo que ocurre en la calle y de las dificultades por las que atraviesan los ciudadanos.