Juegos peligrosos

Aunque ya han transcurrido más de ocho meses desde que se inició el conflicto sobre la modificación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, con reiteradas manifestaciones públicas por parte de todos lo partidos, aún no se conoce la posición de CiU.

Se conoce la postura del PP, que exige tener menos de 70 años para ser nombrado consejero. Ayer se concretó el enfoque de los socialistas, partidarios de que sean las propias instituciones las que en primera instancia regulen en sus estatutos los requisitos que deben cumplir sus consejeros y, sólo si no lo hacen, fija una regulación muy flexible. Sin embargo, CiU sigue muda, pese a que el litigio se originó para controlar la renovación de la presidencia de la principal entidad financiera catalana, La Caixa, que desde 1999 preside Josep Vilarasau.

El interés de CiU es evidente. La coalición nacionalista quiere influir en la designación del nuevo presidente. El problema es que si los nacionalistas no revalidan su mandato en las próximas autonómicas, sus posibilidades de influir se habrán esfumado y no tendrá participación en el nombramiento del puesto que acumula más poder en la sociedad catalana y uno de los más relevantes de la economía española. La renovación debe producirse antes del 30 de junio de 2003.

La manera elegida por CiU para superar este escollo ha sido forzar que la renovación se produzca mientraslos nacionalistas sigan en el poder. Y la fórmula concreta, limitando la edad para nombrar consejeros a 70 años, lo que impide automáticamente la renovación de Vilarasau. Con independencia del juicio que merezca este tipo de intervención, el camino elegido resulta curioso: ha encargado a su aliado, el PP, que introduzca la enmienda. Ello comporta consecuencias rocambolescas. Resulta que si el Gobierno central legisla, con carácter básico, tal como señala la propia ley, se recortan las competencias exclusivas de la Generalitat.

Si la norma fuera no básica entonces no tendría efecto en Cataluña, ya que regiría la ley autonómica vigente, que no impone límites. Quizá querrá espera a que entre en vigor la ley estatal, impedir la así la reelección de Vilarasau y una vez conseguido el objetivo, la Generalitat legislaría y recuperaría la competencia.

La jugada es alambicada y peligrosa. No sólo porque un partido nacionalista entregue ¿gratis? las competencias que tanto reclama. Sino porque auspicia el intervencionismo en la mitad del sistema financiero español.