Dos detenidos en Hendaya en una 'empresa tapadera' de ETA

La policía francesa registró ayer en Hendaya la sede de la empresa Olabe Distribución, una supuesta tapadera de ETA usada para dar 'cobertura laboral' a miembros de la banda y, especialmente, a algunos que residían en países suramericanos y han regresado a Francia. Siete personas fueron detenidas inicialmente, incluido el director general de Olabe, José Antonio Zurutuza Sarasola, Akuyu, ex miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas acusado de haber participado en cinco asesinatos y dos secuestros. No obstante, éste quedó en libertad, al igual que otros cuatro arrrestados.

La policía empezó a tirar del hilo que ha conducido hasta Olabe Distribución -una enorme nave con puertos de carga para camiones sita en el polígono industrial Joncaux, de Hendaya- tras la detención, el 1 de agosto, del supuesto miembro del comando Ibarla de ETA Marcos Sagarzazu, de 33 años. Éste había trabajado presuntamente en Olabe, una firma que se anuncia así en Internet: 'Situada en las puertas de España, nuestra empresa está impregnada de los sabores Ibéricos'. La empresa envasa y distribuye al por mayor en Francia productos 'de marcas líderes españolas' y de Perú: espárragos, legumbres, verduras, aceite, aceitunas y conservas pesqueras.

La sospecha de que la empresa podría ser una tapadera económica y financiera de ETA hizo que los agentes de la Comisaría General de Información de la policía española informaran a la Brigada de Delitos Financieros de la Policía Judicial francesa, especializada en blanqueo de dinero, y no a la División Nacional Antiterrorista, como hacen habitualmente. Ambas policías se integraron en el primer equipo de investigación conjunto hispano-francés, para investigar tramas para financiar terrorismo. El ministro del Interior, Ángel Acebes, declaró ayer que la empresa estaba siendo 'instrumentalizada por ETA para dar cobertura económica y dotar de infraestructura laboral a los miembros activos de la organización y a los que han regresado a Francia'.

Los detenidos

La policía entró a primera hora de la mañana en la empresa y detuvo inicialmente a tres personas: José Antonio Zurutuza Sarasola, Akuyu, quien fue dirigente de los Comandos Autónomos Anticapitalistas en el País Vasco desde 1978 a 1985; Ricardo Pujana Alberdi, supuesto colaborador de ETA, y Francisco Lariki Dorronsoro, reclamado por la Audiencia Nacional por pertenencia a ETA. Los tres habían permanecido ocultos durante años en México, desde donde regresaron el verano pasado.

Allí estuvo también hasta 1998 Antonio Celaya Otano, otro ex miembro de los CAA y ahora empleado de Olabe, quien se presentó a la policía al conocer la operación. También fueron a comisaría el presidente del consejo de administración, Jean Louis Alcelay, José María Zabala y otro joven cuya identidad no ha sido facilitada. Todos quedaron en libertad, salvo Pujana y Celaya. El historial más abultado -'macabro', según Acebes- es el de Zurutuza, nacido en Tolosa el 19 de marzo de 1961. Está acusado de haber participado en los asesinatos, perpetrados entre 1980 y 1985, de dos directivos de empresa, un policía, un guardia civil y un marinero. Además, se le acusa de ser uno de los secuestradores de Francisco Limousin y de haber cobrado el rescate por la puesta en libertad del empresario secuestrado Jesús Guibert. No obstante, el juez de Bayona al que fue entregado lo dejó en libertad vigilada como ciudadano francés y por la presumible prescripción de los delitos, hipótesis que rechaza Interior. Fuentes de la investigación indicaron que se intentará aplicarle el artículo 21 de Schengen, para que sea juzgado en Fancia por delitos cometidos en España.

Zurutuza estaba afincado en Hendaya, casado con una ciudadana francesa de familia acomodada. De hecho, no se ocultaba en absoluto: en el Registro Mercantil francés figura como director general de la sociedad por acciones simples Olabe Distribución y también como administrador, según puede consultarse gratuitamente en la página web Societe.com.

Una empresa saneada

La firma, cuya actividad declarada es 'comercialización mayorista de alimentos no especializados', fue creada el 21 de enero de 1992 y cuenta con un capital social de 250.000 euros. La empresa no inscribió ningún evento significativo entre el 10 de junio de 1998 y el 20 de noviembre de 2000. Este día modificó su forma jurídica, cambió los órganos directivos, tuvo una asamblea y decidió una ampliación de capital.

La información contable registrada sobre el ejercicio de 2001 refleja un saludable estado financiero: 519.023 euros de fondos propios, deudas bancarias en continuo decrecimiento, un déficit de tesorería de 36.311 euros y una cifra de negocios de 12,5 millones de euros (frente a los 9,6 millones de 2000). No obstante, ofrece unos datos de resultados de explotación inusuales: aunque su margen comercial bruto es de unos 5,26 millones de euros, afirma que su resultado neto es sólo del 3,24% de ese margen.

La policía, que registró otros seis locales y casas, tendrá que estudiar la voluminosa documentación contable en papel y de ordenador requisada. Los investigadores sospechan que la empresa blanqueaba dinero obtenido ilícitamente por ETA (sobre todo de la extorsión a través del llamado impuesto revolucionario) y servía para pagar a los etarras residentes en América. Acebes precisó que las investigaciones se centran en 'determinar las infracciones penales de tipo económico, así como todas las vinculaciones con la estructura económica de ETA, tanto desde la perspectiva de infraestructura y apoyo directo a sus miembros, dotándoles de cobertura laboral, como desde su integración en el circuito económico de la banda'.