Álvarez asegura que el contrato de una empresa para inspeccionar las cajas tiene 'cobertura legal'

'No hay la más mínima duda de que la inspección se puede diseñar como se ha hecho: con funcionarios de la Consejería y la contratación de unos auditores externos'. La consejera de Economía, Magdalena Álvarez, defendió ayer así su decisión de adjudicar a la empresa KPMG un contrato para colaborar en la inspección de las cajas andaluzas, una fórmula que fue recurrida este lunes por Cajasur, que duda de la legalidad de que una empresa privada controle a otra empresa privada. 'No hay la más mínima duda de su cobertura legal', recalcó Álvarez.

La consejera de Economía, en un receso de la comisión parlamentaria que analizó el Plan Andalucía Siglo XXI, aseguró que su departamento tiene 'todos los informes jurídicos correspondientes' que avalan la fórmula escogida para inspeccionar las entidades andaluzas: grupos de inspección comandados por un funcionario de la Consejería y con el apoyo de auditores privados.

La Ley de Cajas, aprobada a finales de 1999, reserva a Economía la labor de inspeccionar a las seis entidades con sede social en la comunidad y las actividades de aquellas otras cajas con oficinas abiertas en Andalucía, 'sin perjuicio de las funciones que correspondan al Banco de España', cuyas inspecciones se centran fundamentalmente en analizar la solvencia de las entidades financieras. Álvarez precisó ayer que la Junta inspeccionará las cajas cada dos años y negó que haya descoordinación con el Banco de España, como sugirió el miércoles el presidente de El Monte, José María Bueno Lidón.

'Ningún presidente me ha manifestado su desacuerdo con la inspección', afirmó Álvarez, 'excepto Cajasur que ha recurrido, ya se conocerá el resultado en su momento'. Una fuente de Economía indicó que el recurso aún no había llegado a la Consejería.

La Ley de Cajas señala que todo aquel que participe en una inspección de este tipo 'está obligado a guardar secreto' y advierte de que 'el incumplimiento de esta obligación' puede derivar en responsabilidades penales. Pero las críticas de la oposición a la fórmula elegida por Economía para realizar sus primeras inspecciones, que ya fue censurada en mayo por Pedro Pacheco, parlamentario del Grupo Mixto, se centran en la naturaleza privada de los auditores contratados y la distorsión que puede provocar en el mercado que KPMG opte también a las auditorías externas que deben llevar a cabo las propias cajas.

'Es lamentable que la Administración autonómica con mayor funcionarios, no tenga técnicos especializados para evaluar y controlar las cajas', dijo la presidenta del PP andaluz, Teófila Martínez. Por su parte, el portavoz parlamentario del PP para asuntos económicos, Salvador Fuentes, anunció que su grupo reclamará en la Cámara la creación de un cuerpo autonómico de inspectores 'con lo que no sería necesario contratar a una auditora externa para tal cometido', una medida que ya fue anunciada por Álvarez el año pasado. Fuentes mantuvo que hubiese sido preferible concertar la inspección con funcionarios del Banco de España de forma transitoria 'como se ha hecho en otras comunidades'.

Plan Siglo XXI

Por su parte, el portavoz en asuntos financieros de IU, José Manuel Miranda, instó a Álvarez a 'salir de su error' y sostuvo que 'obvia su propia ley, ya que olvida que es la Consejería de Economía la que tiene competencias para llevar a cabo la inspección de estas entidades, nunca personal externo a esta Administración'.

En la comisión parlamentaria sobre el Plan Andalucía Siglo XXI, la consejera de Economía indicó que este nuevo plan, diseñado para programar la actuación económica de la Junta entre 2002 y 2005, permitirá una inversión autonómica de 13.772,6 millones de euros, casi un 50% que la inversión anual prevista en Horizonte 2000, el anterior plan de la Junta

'Es un plan antisocial, antimunicipalista, conservador y cobarde', mantuvo Francisco Ríos, parlamentario de IU. 'Es una recopilación de buenas ideas, pero el problema es su cumplimiento', agregó el portavoz del PP, Salvador Fuentes.