La edil de Empleo de Madrid dimite por el fraude en cursos a parados

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, tiene que devolver al Fondo Social Europeo casi cinco millones y medio de euros (897 millones de pesetas) de los fondos recibidos para formar a parados tras confirmarse un fraude generalizado en los cursos. Un informe del Fondo Social Europeo, realizado tras las denuncias del PSOE, confirma la 'falta de control' en la adjudicación de cursos, según reconoció ayer Pedro Bujidos, edil de Hacienda.

Bujidos, quinto teniente de alcalde en el Gobierno de José María Álvarez del Manzano, reveló también que el Fiscal Anticorrupción ha requerido al Ayuntamiento de Madrid los expedientes de los cursos adjudicados a 21 empresas. El titular de Hacienda afirmó que las conclusiones del informe de la unidad administrativa del Fondo Social Europeo, dependiente del ministerio de Trabajo, sobre los cursos impartidos entre 1994 y 1995 por empresas contratadas por el Ayuntamiento 'dejan claro que no ha habido responsabilidad política en el caso'. Aun así, la concejal del PP responsable del área de Empleo, María Antonia Suárez, presentó ayer tarde su dimisión como presidenta del Instituto Madrileño de Formación Profesional y Empleo (Imefe). 'Esta es la mejor decisión aunque la cabeza me pide quedarme en el cargo ahora que se ha probado mi inocencia', afirmó Suárez, que reconoció, no obstante que se ha producido una 'desacertada gestión en el Imefe'.

Los hechos fueron denunciados por el grupo municipal socialista hace 20 meses tras descubrir que se habían expedido diplomas por cursos de formación que no se habían realizado. El Ayuntamiento creo entonces, a propuesta de IU y PSOE, una comisión de investigación que cerró sus trabajos en apenas dos meses sin que el PP aceptara las conclusiones de la oposición que estimó en 500 millones de pesetas el importe de los cursos que se habían adjudicados sin las suficientes garantías a una veintena de empresas. Ahora, el Fondo Social Europeo viene a dar la razón a PSOE e IU y señala que hubo 'deficiencias en el procedimiento de valoración y selección de los cursos contratados'. Las conclusiones del informe recogen asimismo que 'falta de objetividad en los criterios utilizados para la valoración de las diferentes ofertas que garanticen un grado adecuado de eficacia, eficiencia y economía en la selección de las empresas'.

Sin control

Además el Imefe incumplió los mecanismos de seguimiento y control de los cursos establecidos por la UE. 'La inexistencia de esos procedimientos ha conllevado que el Imefe no ha podido verificar, en ninguno de los expedientes examinados, la efectiva realización de las acciones formativas, la entrega de material pedagógica a los alumnos y la realización de las prácticas profesionales, produciéndose asimismo un incumplimiento de su propio pliego de prescripciones técnicas', señala el informe.

Por todo ello, la unidad administrativa del Fondo Social Europeo concluye que el Imefe debe reintegrar 3,5 millones de euros (589 millones de pesetas) de los cursos realizados como asistencia técnica (empresas ajenas al ayuntamiento). Esa cantidad se suma a los 1,8 millones de euros (308 millones de pesetas) que ya reclamó el Fondo social Europea al Ayuntamiento en mayo. Lo que suma 5,5 millones de euros (897 millones de pesetas). Bujidos resaltó que esa cantidad representa el 20% de los fondos gestionados.

Isabel Vilallonga, concejal socialista que ha investigado el escándalo, exigió ayer al Gobierno municipal que haga público la integridad del informe. 'Han querido taparlo pero no han podido hacerlo porque el fiscal Anticorrupción está investigando el posible fraude', afirmó Vilallonga que reclamó al PP que adopte medidas contra 'las empresas estafadoras'. 'En esos cursos se ha gastado también dinero de los madrileños, de la Comunidad y del Estado. la mayoría de las empresas pertenecen a ese partido y nadie sabe lo que ha ocurrido con el dinero', concluyó la edil. Para Inés Sabanés, portavoz municipal de IU, recordó que el Gobierno del PP 'fue incapaz de asumir un fraude de 500 millones y, ahora, esa cifra se ha duplicado'.