PNV y CiU se oponen a que el Gobierno disuelva los ayuntamientos que apoyen a ETA

Los nacionalistas vascos y catalanes rechazan que el Consejo de Ministros pueda disolver un ayuntamiento por no condenar actos terroristas. Ésta es una de las medidas que contiene la proposición de ley pactada entre el PP y el PSOE para reforzar la democracia municipal y defender a los concejales vascos. En su oposición a esta iniciativa, ambos nacionalismos van de la mano, aunque el PNV aún no ha respondido al requerimiento del PSOE para que opine sobre el conjunto del proyecto. PP y PSOE mantienen su texto, si bien se comprometen a estudiar las alternativas de los nacionalistas.

Una de las medidas aprobadas por el PP y el PSOE y presentadas en una proposición de ley el pasado viernes en el Congreso para defender a los concejales vascos choca frontalmente con la visión de CiU y PNV. Se trata de la posibilidad de que el Consejo de Ministros disuelva un ayuntamiento por 'una gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales'. 'Se considerarán decisiones gravemente dañosas los acuerdos de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen'.

Aunque PNV y CiU van unidas en este rechazo, lo cierto es que mientras que los peneuvistas todavía no han explicado las razones de su objeción, CiU mantiene inalterable la posición que defendió en 1985 cuando se aprobó la Ley de Bases de Régimen Local. Entonces y ahora los nacionalistas catalanes consideran que esa facultad que la ley otorga al Consejo de Ministros debería estar entre las facultades de las comunidades autónomas. Se trata, por tanto, de una cuestión de competencias.

El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, calificó ayer de 'innegociable' este punto aunque no tiene 'inconveniente' en apoyar otras medidas que ya se han aprobado en la Mesa de Arkaute (ver gráfico). Su partido explicará hoy si vota a favor de la toma en consideración de la proposición de ley y los motivos por los que rechazará la propuesta de disolución de ayuntamientos.

Ausente de las negociaciones

El PNV es, de momento, el gran ausente de la ronda de conversaciones que la pasada semana mantuvieron el PP y el PSOE con diferentes partidos del arco parlamentario para buscar el máximo consenso para la toma en consideración de la proposición de ley sobre 'democracia municipal y defensa de los concejales'. PP y PSOE no pudieron culminar su objetivo de que la proposición de ley llevara más firmas que las suyas. El éxito parcial o total de sus esfuerzos se verá el próximo 29 de octubre cuando todos los grupos parlamentarios tengan que definirse con su voto en la toma en consideración de esa iniciativa surgida del Pacto Antiterrorista.

En las reuniones que la pasada semana CiU celebró con el PSOE y con el PP se puso de manifiesto que los nacionalistas catalanes no tenían un rechazo frontal a la futura ley sino a algunos de sus apartados. También, en el terreno político, populares y socialistas comprobaron que CiU no quiere tomar una decisión que deje en solitario al PNV.

El portavoz de CiU en el Congreso, Xavier Trias, reconoció que la estrategia de su grupo será 'sentarse para ver qué opina el PNV', aunque su grupo ya trabaja en las enmiendas que presentará a la proposición de ley cuando pase a la comisión correspondiente. 'Sería bueno que todos nos pusiéramos de acuerdo en un mínimo común denominador.'

El portavoz nacionalista aludió a la discrepancia rotunda respecto a que sea el Gobierno central quien pueda disolver ayuntamientos. 'Las comunidades autónomas deben tener la tutela de la administración local; no tiene sentido que el Gobierno tome una decisión de este calado sin tener en cuenta la opinión de la comunidad', señaló Trias, que recordó su histórica oposición en esta materia a la Ley de Régimen Local. Con estos mimbres, el PSOE y el PP todavía no quieren enseñar todas sus cartas y dejar al descubierto hasta dónde están dispuestos a 'flexibilizar' algunas de sus medidas en aras del consenso. Primero quieren conocer la disposición del PNV y de CiU y las propuestas concretas para enmendar el texto. Desde luego, no ocultan que lo primero es saber si pueden contar con ellos para un 'sí' global a la iniciativa de apoyo a los concejales amenazados. A partir de ahí, al menos el PSOE se compromete a no criticar en absoluto al grupo parlamentario que quiera enmendar o rechazar alguna de las propuestas. En el trámite de comisión es muy posible que esta proposición de ley se desgaje y, por tanto, haya varias votaciones.

El portavoz del PSOE, Jesús Caldera, asegura que su grupo no está en condiciones de 'comprometerse' a modificar, por ejemplo, la propuesta inicial sobre disolución de ayuntamientos hasta discutirla con el PNV y que CiU presente una alternativa. Pero reitera su disposición general a que en el trámite de comisión se estudien y se acepten enmiendas. De entrada, ya se ha comprometido con IU a modificar un aspecto sugerido por su coordinador general, Gaspar Llamazares. Se trata del apartado que declara 'inelegible' en unas elecciones a toda persona que esté condenada, 'aunque la sentencia aún no sea firme, por delitos de rebelión contra las instituciones del Estado o de terrorismo'. El rechazo está en la amplitud del delito contra las instituciones del Estado. El PSOE se ha comprometido a retirar esa alusión y dejar el texto exclusivamente para los delitos de terrorismo.

Pero como viene ocurriendo después de cada negociación entre PP y PSOE, aunque en el fondo estén de acuerdo, siempre surge algún matiz diferencial. El secretario general del PP, Javier Arenas, reclamó ayer al PSOE que mantenga 'una posición única' en todo el trámite parlamentario. Pese a este aviso, Arenas abrió una puerta a la flexibilidad: 'Nos mantenemos en nuestra posición pero éste es un tema que tenemos que hablar en detalle con el PSOE'. En la dirección del PP y en el Gobierno mantienen que la modificación que reclama CiU sobre quién debe disolver un ayuntamiento ya está recogida en la ley de 1985, y lo único que hacen el PP y el PSOE es incluir 'el delito de apología del terrorismo'. El PP también expresó ayer su disposición a estudiar las enmiendas de CiU.

Los populares diferencian entre CiU y el PNV al considerar que el partido de Arzalluz no ha mostrado interés alguno en esta reforma. No obstante, el PNV ha impulsado desde la llamada Mesa de Arkaute buena parte de las medidas que el PP y el PSOE proponen para defender a los concejales.