Vivienda accesible

En Cataluña y en toda España la vivienda es hoy objeto de debate. Y lo es tanto por los problemas que el acceso a la casa plantea a muchos ciudadanos como por la concentración de las situaciones más problemáticas en algunos barrios y áreas urbanas. Esta situación es fruto, en primer lugar, de las características y la situación de nuestro mercado inmobiliario. Cataluña dispone de un parque de viviendas en principio muy amplio, que el último censo cifraba en 2,7 millones de unidades y que hoy debe de acercarse a los tres millones. Sin embargo, casi un tercio de este parque figura como vivienda secundaria o vacía. Esta primera peculiaridad se acompaña de otra: la preeminencia absoluta de la propiedad y la presencia muy escasa del alquiler y el sector público. El 84,6% de la población de la región metropolitana reside en una vivienda de propiedad, lo que confiere al mercado inmobiliario residencial una notable rigidez.

Debe fomentarse el alquiler para romper la rigidez del mercado

Por otra parte, la demanda no cesa de aumentar. A ello contribuyen la evolución de la pirámide de población, la tendencia a la disminución del tamaño medio del hogar y la inversión destinada a la vivienda por razones financieras. Así, la economista Carme Trilla ha estimado que la demanda a corto plazo será de unas 25.000 unidades anuales en la provincia de Barcelona, lo cual podría representar unas 35.000 para el conjunto de Cataluña. Una parte muy considerable de esta demanda potencial sería, sin embargo, insolvente, si se mantiene la actual evolución de los precios. De hecho, el esfuerzo económico que una familia realiza para acceder a la propiedad es ya muy elevado y corresponde por media, en la región metropolitana, a 5,7 años de su renta disponible.

Esta situación tiene notables repercusiones demográficas al provocar un retraso cada vez más acusado de la edad de emancipación de los jóvenes (que se acerca ya a los 30 años) y, por consiguiente, a la postergación de la reproducción y la disminución de la natalidad. A esto se añade la problemática asociada al incremento de la población mal alojada, que según algunas estimaciones alcanzaría el 13% del total, siendo los afectados en particular jóvenes, ancianos e inmigrantes. Las consecuencias territoriales no son tampoco despreciables: por una parte, los precios relativamente más elevados en las ciudades más grandes tienden a desplazar la demanda hacia localidades menos densas, contribuyendo así a la dispersión urbana y al consumo de suelo; por otra, las situaciones más deficientes tienden a concentrarse en determinados barrios que corren así el peligro de convertirse en guetos.

En este contexto, la respuesta de la Administración ha sido muy insuficiente. Pese a que el Estatut otorga a la Generalitat competencias exclusivas en este campo, los sucesivos gobiernos de CiU no han sabido llevar a cabo políticas efectivas para garantizar a los ciudadanos el derecho constitucional de 'disfrutar de una vivienda digna y adecuada' (art. 47, CE). Hasta el propio presidente de la Generalitat, no siempre propenso a la autocrítica, reconocía en el último debate de política general que quizá no se había hecho todo lo que se podía. En Cataluña, hoy, sólo una de cada 25 unidades de vivienda que se construye dispone de algún tipo de protección pública. Urge un cambio de rumbo. Una nueva política que tenga como primer objetivo garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la vivienda. Por justicia social, ciertamente, pero también como una forma de hacer la ciudad más agradable, más competitiva y más segura, evitando su degradación y fragmentación. Para ello hay actuar en diversos frentes.

El primero es, sin duda, el fomento del alquiler, única forma de romper la rigidez del mercado y dar entrada a los jóvenes. Las deducciones fiscales a los propietarios que ha propuesto el Gobierno central pueden ser, quizá, un paso en la buena dirección. Pero también faltan ayudas directas al usuario: por esto propugnamos establecer una deducción del tramo autonómico del IRPF de 600 euros anuales para gastos de alquiler de toda familia que no disponga de unos ingresos elevados. En segundo lugar, la Generalitat tiene que promover vivienda de protección oficial en modo muy superior a como lo está haciendo en la actualidad. En el debate de la reciente Ley de Urbanismo arrancamos el compromiso de que porcentajes fijos de suelo (el 20% del suelo urbanizable) deberá dedicarse a este fin. Pero hacen falta recursos y, sobre todo, voluntad política para ejecutar la nueva vivienda, en estrecha complicidad con los ayuntamientos y los promotores.

El tercer aspecto es, sin duda, el del mantenimiento y el uso del parque ya construido, que ha sido el gran olvidado de las tibias políticas de vivienda que hemos conocido hasta ahora. Debe fomentarse la rehabilitación y debe regularse el uso de la vivienda ya existente incentivando, a través de un registro de vivienda vacía, su salida al mercado y penalizando los casos de ocupación abusiva. Finalmente, hay que intervenir para evitar la degradación de las áreas donde se concentran las situaciones más problemáticas. Proponemos hacerlo con intervenciones de rehabilitación integral, como una clara afirmación de compromiso de la Administración y de la sociedad con estos 40 barrios de Cataluña llenos, sí, de problemas, pero también de esperanzas.

Se dirá que todo esto requiere muchos recursos: apenas un ápice de lo que invertimos en infraestructuras. ¿Sería concebible un país con AVE y aeropuerto transoceánico en el que barrios enteros se degradan y los jóvenes no pueden acceder a la vivienda? 'El hombre hace la casa, la casa hace al hombre', reza el proverbio. Corrijamos el sesgo de género de la sabiduría popular y expresemos la idea de forma más elaborada: la sociedad construye la vivienda y, al hacerlo, se modela a sí misma. Esta constatación debe ser el punto de partida de la nueva política.

Oriol Nel.lo es diputado del Grupo Parlamentario Socialistas-Ciutadans pel Canvi.