Empieza el juicio a 16 personas por unas operaciones urbanísticas en un pueblo de Granada
Un total de 16 personas se sentarán hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial de Granada por su implicación en operaciones urbanísticas supuestamente ilegales llevadas a cabo en el municipio granadino de Jun, un pueblo situado a tres kilómetros de Granada. Entre los acusados se encuentran el alcalde del pueblo, Antonio Rodríguez Ruiz, del PSOE, y su hijo y primer teniente de alcalde, Antonio Rodríguez Salas, además del ex delegado provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Pedro Julián Lara.
El alcalde está acusado de un delito de prevaricación continuada y tráfico de influencias por haber urdido, según el escrito de acusaciones del ministerio fiscal, un plan para recalificar unos terrenos que eran propiedad de su familia. El fiscal solicita por ello una pena de un año de prisión, 15 años de inhabilitación y una multa de 600.000 euros (100 millones de pesetas). A su hijo, primer teniente de alcalde, pide la misma pena más otra de nueve años de prisión, ya que a los anteriores delitos suma el de falsedad en documento público. Respecto a la actuación del ex delegado de Obras Públicas, el ministerio fiscal, que lo acusa de un delito de prevaricación, exige una pena de ocho años de inhabilitación especial por haber permitido las operaciones.
Operaciones de compra
Los hechos ahora juzgados ocurrieron entre los años 1992 y 1993 cuando, después de ser elegido alcalde, Antonio Rodríguez Ruiz, en virtud de su cargo, según el escrito del fiscal, inició unas operaciones de compra de terrenos con el fin de instalar en ellos un complejo deportivo. Los terrenos colindaban con parcelas que algunos familiares del alcalde habían adquirido con anterioridad y que serían posteriormente recalificados y su valor encarecido. De hecho, algunos familiares del alcalde, como su esposa, otro de sus hijos y su nuera aparecen en la vista como acusados.
Para el ministerio fiscal, la adquisición de los suelos para el complejo deportivo, que finalmente no se llevó a cabo, supuso un coste al Ayuntamiento de Jun de 270.000 euros (45 millones de pesetas). A juicio del ministerio fiscal, la operación de compra 'pone de manifiesto que no había intención, por parte del Ayuntamiento, de adquirir esa parcela para terrenos deportivos' y su finalidad 'convenía a los intereses particulares del alcalde, el teniente de alcalde y su familia'.
La operación era, además, según el escrito del fiscal, de más de 40 folios, 'un plan estratégico que satisface los intereses particulares de todos los intervinientes', es decir, de los diferentes implicados en las supuestas irregularidades. Por el contrario, 'los intereses generales quedan totalmente defraudados con esta operación', añade el escrito, que incide en que la actuación del alcalde no estuvo encaminada a satisfacer las necesidades del municipio de Jun, sino las de su entorno familiar.
