El Estado asume su responsabilidad a los 10 años del accidente del 'Mar Egeo'

El petrolero griego Mar Egeo se hundió en la bahía de A Coruña en 1992 y la marea negra se diluyó en el océano con más rapidez de la esperada, pero ha seguido dando tumbos por los despachos durante 10 años. Ahora está a punto de recibir el carpetazo administrativo tras un acuerdo que ya tiene rango de ley entre el Estado y el fondo asegurador. Ambos afrontarán conjuntamente el pago de las indemnizaciones, 63 millones de euros, de los que la Administración pública aportará 10 millones. El Estado acepta así su parte de responsabilidad en el accidente, por el que deberá también resarcir a la compañía armadora con otros seis millones, la mitad del valor del buque y de su flete.

Sólo unos días después del 3 de diciembre de 1992, cuando el Mar Egeo derramó 80.000 toneladas de crudo junto a la Torre de Hércules, en la bahía de A Coruña, otra marea negra se extendía en Escocia, cerca de las islas Shetland, donde se partió en dos el petrolero Braer. Los pescadores y habitantes de las Shetland comenzaron a cobrar las indemnizaciones tres años después, con cargo al Fondo Internacional de Compensación de Daños por Hidrocarburos, un organismo con sede en Londres en el que participan compañías de 75 países. Los afectados por el Mar Egeo recibieron desde 1993 los créditos a fondo perdido que les otorgó el Estado, pero el acuerdo final sobre las indemnizaciones llega 10 años después.

Si en el caso del Braer no hubo siquiera proceso judicial, la catástrofe de A Coruña se enredó en la vía penal y la negociación con el fondo asegurador se fue dilatando interminablemente. El Estado actuó penalmente para probar las responsabilidades del capitán del buque, detenido en A Coruña tras el siniestro. Pero el proceso se volvió contra la propia Administración por la culpabilidad compartida con un funcionario público, el práctico del puerto de A Coruña. El accidente se produjo por una maniobra que los tribunales certificaron como temeraria.

De madrugada, bajo un fuerte temporal y con escasa visibilidad, el capitán del Mar Egeo se atrevió a adentrarse en el peligroso canal de entrada a la bahía y acabó embarrancando en los bajíos próximos al faro romano de la Torre de Hércules. Pero los servicios de practicaje habían autorizado la entrada y, además, incumplido su propio reglamento, que obligaba a que un representante del puerto estuviese a bordo del petrolero para auxiliarlo en su acceso a la bahía.

El proceso penal quedó cerrado en 1997, cuando la Audiencia Provincial confirmó las condenas por su actuación imprudente al práctico y al capitán, que tuvieron que pagar sendas multas, lo que convertía al fondo asegurador en responsable civil directo y al Gobierno español en subsidiario al 50%. Para reclamar las indemnizaciones se abrió la vía de los tribunales civiles. Los afectados directos eran unos 3.000 y se acumulaban las demandas de cofradías de pescadores, empresarios de cultivos marinos, ayuntamientos de la zona, propietarios de instalaciones turísticas... En total, sus peticiones sumaban 48.187 millones de pesetas.

Antes de que resolviese la jurisdicción civil, el fondo asegurador y el Gobierno emprendieron un arduo proceso de negociaciones en las que se implicaron representantes de cinco ministerios. Las dos partes se pusieron de acuerdo en rebajar drásticamente el cálculo de pérdidas que hacían los damnificados, establecido finalmente en 63,6 millones de euros (unos 12.000 millones de pesetas, la cuarta parte de lo reclamado). El Gobierno también logró elevar las ofertas del fondo hasta alcanzar prácticamente el límite que tiene fijado este organismo asegurador para hacer frente a su responsabilidad en una catástrofe.

Las dos partes firmaron un acuerdo transaccional, solución muy poco frecuente en estos casos, que el Gobierno ha convertido en ley mediante un real decreto publicado el pasado día 5. El fondo contribuirá a las indemnizaciones con 53,3 millones de euros -de los que ya había adelantado 15 a los reclamantes- y el Estado asume los 10,3 restantes. El coste total para la Administración es más elevado, ya que había concedido otros 75 millones de euros en créditos oficiales, que han sido condonados. Además, aún queda pendiente la ejecución de un dictamen del Consejo de Estado, emitido hace ahora dos años, que reconoce que el Gobierno español tiene que resarcir a la armadora del Mar Egeo con la mitad del coste del buque y de la carga, valorados en 12 millones de euros.

El acuerdo parece satisfacer a todas las partes, incluidos los damnificados, que en su mayoría han renunciado a la vía judicial. Han esperado una década, pero muchos aún recuerdan lo sucedido con el Urquiola, otro petrolero que explotó en A Coruña en 1976. Aquellas indemnizaciones llegaron 17 años después.