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El precio de la vivienda aumentó un 62% en los últimos tres años, según las cooperativas

Los promotores piden más control público sobre el suelo para evitar el encarecimiento

Orencio Osuna, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Gestores de Cooperativas y Comunidades de Viviendas (Agecovi), responsabilizó ayer al Gobierno de la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid de la 'irresistible' escalada del precio de la vivienda en la región -un piso de tamaño medio costaba en marzo de este año un 62% más que en 1999-. Osuna aseguró que la 'ausencia de controles públicos sobre las transacciones de suelo' acaba disparando el precio final de los pisos, y criticó la 'exigua' apuesta que hay en Madrid por la vivienda protegida (más barata).

El presidente de Agecovi compareció ayer ante la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Asamblea para dar cuenta del estudio realizado por su asociación sobre la evolución del precio de la vivienda en Madrid. Según sus datos, quien quiera comprar ahora un piso de 90 metros cuadrados en la capital deberá desembolsar un 62% más que hace tres años. El aumento del coste es similar en el conjunto de la región, donde las casas cuestan un 61,4% más que en 1999.

Osuna señaló el endeudamiento al que se ven abocados los compradores y subrayó el escaso interés de las administraciones madrileñas por la construcción de viviendas de protección pública (esto es, con un precio máximo fijado por ley y destinadas a personas con bajos ingresos). Según Agecovi, de los 55.713 pisos iniciados el año pasado en Madrid, sólo 1.834 -'un exiguo 3,29%'- eran de promoción pública, muy por debajo de la media española (9,3%).

El origen de esta situación de precios desorbitados y endeudamientos enormes hay que buscarlo, en opinión de los gestores de cooperativas, en la 'ausencia de controles públicos sobre las transacciones de suelo destinado a vivienda protegida, lo que ha permitido [a excepción de los terrenos gestionados por consorcios públicos] la venta de suelo muy por encima' de los precios máximos fijados por ley.

Especulación

Es decir, las administraciones públicas, según Agecovi, han dejado en manos de la iniciativa privada el reparto de las parcelas, lo que ha conducido a que se 'especule' con los terrenos y el precio de éstos se dispare. Eso produce, además, un efecto dominó en los costes de producción: la empresa promotora ha tenido que pagar tanto por el suelo que ya no le compensa construir pisos protegidos o venderlos al precio que marca la ley. ¿Solución? Convence al comprador para que pague un extra en dinero negro.

Osuna puso el ejemplo de los nuevos barrios (PAU) de la capital, donde las promotoras están cobrando por la vivienda protegida mucho más del máximo legal. Para romper esta dinámica, Agecovi propone, por una parte, apostar por los consorcios públicos entre el Gobierno regional y los ayuntamientos, y, por otra, elevar el precio máximo de la vivienda protegida para que no esté 'por debajo de los costes de producción'.

La fórmula de los consorcios es la que ha adoptado generalmente el Ejecutivo de la Comunidad, presidido por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), en diversos municipios de la región. Consiste en que las administraciones expropian primero el suelo destinado a viviendas y venden después las parcelas a las distintas promotoras, a un precio político que no puede modificarse al alza. De este modo se evita la especulación con los terrenos y se logra un mayor control público para garantizar que el coste final de la vivienda cumpla la ley.

Este modelo requiere del acuerdo entre la Comunidad y el Ayuntamiento de cada municipio. Pero el alcalde de la capital, José María Álvarez del Manzano, también del PP, se ha negado siempre a ponerlo en práctica. El gobierno municipal ha preferido optar por una fórmula de corte más liberal: la venta de los terrenos se deja en manos privadas, confiando en que la ley de la oferta y la demanda haga bajar los precios. El resultado ha sido el opuesto: los costes del suelo aumentan de forma imparable, y eso repercute sobre el precio final de los pisos.

Desde el Ejecutivo regional, sin embargo, se quita importancia a la influencia que sobre los precios tienen uno y otro modelo. 'Nosotros hemos optado por los consorcios, pero cualquier otra fórmula es válida. Lo importante es que la Ley del Suelo de la Comunidad obliga a que, en cualquier desarrollo urbanístico, haya al menos un 50% de vivienda protegida', asegura Jesús Valverde, viceconsejero de Urbanismo, Obras Públicas y Transportes del Gobierno regional.

Valverde cree, además, que la cifra de pisos protegidos aportada por los gestores de cooperativas (sólo 1.834 viviendas iniciadas en 2001) está muy alejada de la realidad. 'Han sido miles y miles el año pasado', sostiene el viceconsejero. Un portavoz de la consejería precisó que 'sólo en este año la Comunidad de Madrid ha sacado el concurso para 9.000 viviendas protegidas, y en los últimos años se han construido más de 30.000'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de octubre de 2002