Guatemala anula la condena de tres militares por el asesinato del obispo Gerardi

Un tribunal de apelación de Guatemala anuló ayer las penas de 30 años de prisión dictadas en contra de tres militares y de 20 años contra un sacerdote, condenados en primera instancia como responsables del asesinato del obispo auxiliar de la capital Juan Gerardi. El prelado fue el autor del estudio Guatemala, Nunca Más, en el que se denuncian los crímenes de la guerra sucia que ensangrentó a ese país entre 1960 y 1996. El informe responsabiliza al Ejército del 90% de las matanzas realizadas contra la población civil.

Juan Gerardi fue asesinado en el garaje de su casa parroquial el 26 de abril de 1998, dos días después de hacer público su informe, que presentó simbólicamente en un acto en la catedral metropolitana. Varios desconocidos atacaron al obispo hasta causarle la muerte al destrozarle la cabeza a golpes. Por el crimen fueron condenados a 30 años de cárcel el coronel Byron Lima Oliva, ex jefe de Inteligencia Militar; el hijo de éste, el también militar capitán Byron Lima Oliva, y el sargento mayor Obdulio Villanueva, por el delito de ejecución extrajudicial. Además, un sacerdote, Mario Orantes, ex coadjutor de Gerardi en la parroquia de San Sebastián, fue condenado a 20 años por el delito de complicidad.

La Sala IV de la Corte de Apelaciones de Guatemala, presidida por el magistrado Wilevaldo Contreras, determinó ayer que 'se anula la sentencia dictada el 7 de junio de 2001 en contra de los procesados'. Esto implica un nuevo debate, 'sin la participación de los jueces que dictaron la sentencia inicial'.

'Vicios de forma'

Para adoptar la resolución, la sala aceptó el recurso de apelación especial presentado por el abogado defensor del sargento mayor Obdulio Villanueva, quien alegó vicios de forma.

Según los magistrados, el Tribunal Tercero de Sentencia, para dictar la condena de los acusados no tomó en cuenta todas las pruebas presentadas a los debates, por lo que incurrió en vicios de procedimiento.

Los defensores de los tres militares y el sacerdote habían pedido en la audiencia el pasado 25 de septiembre la anulación de la condena por vicios de forma y de fondo.

El fallo provocó reacciones encontradas, en una sociedad altamente polarizada. Mientras que la defensa de los militares mostraba satisfacción 'por la imparcialidad del tribunal, que no cedió ante la presión de la Iglesia, comunidad internacional y organismos de derechos humanos', Nery Ródenas, representante de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA, fundada por Gerardi), anunció que analizarán el fallo, pero que, en cualquier caso, las futuras acciones tendrán que ser decididas por el arzobispo primado de Guatemala, Rodolfo Quezada Toruño.