El Peñón, atrapado entre Vitoria y Rabat

Que las negociaciones entre Madrid y Londres sobre Gibraltar no van bien es cosa sabida. Pero por detrás de algunos puntos resolubles (como la cuestión de la soberanía compartida sobre la base, aunque el control operativo de estas instalaciones siga siendo británico) se han levantado muros. Los británicos tienen un problema de opinión pública. Pero mayores aún son las dificultades que le han surgido al Gobierno español con la renovada reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla tras -o por- el incidente de Perejil, y, sobre todo, la propuesta de Ibarretxe de una 'soberanía compartida' para, y consulta en, el País Vasco. Los británicos se han comprometido a tomar en cuenta los deseos de los gibraltareños, pero la posición española evita toda medida que pueda interpretarse como un reconocimiento de un derecho de autodeterminación. Claro que el referéndum, sin base legal, que ha convocado Peter Caruana en Gibraltar para el 7 de noviembre, se va a pronunciar sobre un acuerdo que no se sabe cómo será, ni siquiera si será.

¿Requeriría un cambio de la Constitución una soberanía compartida hispano-británica sobre Gibraltar? Es cuestión compleja que no se ha llegado a abordar, aunque la primera aproximación sería: no necesariamente. Se podría resolver, al menos en un primer estadio, a través de un tratado internacional. Cuando se habla de 'soberanía compartida', además de la Unión Europea, Andorra es el ejemplo habitual que se suele citar, pese a que, antes de su independencia, era una seudo cosoberanía. En materia de soberanía compartida con otro país, o, más precisamente, condominio, España cuenta con un precedente, o un vestigio, con Francia, por turnos semestrales: la isla de los Faisanes, en el Bidasoa (que los abertzales reclaman como territorio vasco).

Formalmente, lo que plantea Ibarretxe sería muy diferente del caso gibraltareño, pues no sería un acuerdo entre Estados sobre un determinado territorio, sino de territorio a Estado. Pero la terminología, la carga el diablo, aunque una misma expresión pueda significar cosas bien distintas. Sea cual sea el objetivo, la propuesta del lehendakari está muy medida: no reclama para el País Vasco una condición de Estado (pues debe de saber que esto le obligaría a salir y, si acaso, volver a entrar en la UE), sino un 'estatus de libre asociación con el Estado' y de 'región o nación asociada' con la Unión Europea, que habría que inventar en la nueva reforma que está abordando la Convención sobre el Futuro de Europa.

Hay un problema emergente con las regiones; con algunas. Pues, tras la próxima ampliación que la Comisión Europea propondrá el miércoles que se haga a 10 países, de los 25 Estados miembros con que contará la UE, 12 tendrán una población superior, por ejemplo, a la de Cataluña (y seis a la del País Vasco). ¿Importa? Cabe pensar que los intereses de todos están mejor defendidos a través de un Estado grande si éste articula bien internamente la participación de las regiones en la conformación de la voluntad española en la UE. No es cuestión de que la Convención ignore esta cuestión (aunque el Gobierno no ha querido que se formase un grupo de trabajo específico al respecto), sino, sobre todo, de que España lo resuelva en su fuero interno.

En el horizonte aparecen también Ceuta y Melilla, cuestión distinta de la de Gibraltar. Pero era de esperar que Rabat sacara su reivindicación a la luz de los avances sobre el Peñón (y de las dificultades generales entre Marruecos y España). La cuestión no desaparecerá. Claro que entre Ibarretxe y Benaissa pueden hacer muy difícil, por no decir imposible, un acuerdo sobre Gibraltar. Caruana, sin buscarlo, tiene en ellos sus mejores aliados. Todo se complica. En tal coyuntura, no resulta sorprendente que el Gobierno español no parezca ahora tener prisa en llegar a un acuerdo con Londres. Pero en esta situación, lo importante no es Gibraltar. Disculpen.

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