Un coste insoportable

Con la cautela que le caracteriza, el servicio de estudios del Banco de España acaba de publicar un informe sobre el mercado de la vivienda en España cuyas conclusiones llaman la atención de forma clara y prudente sobre sus dificultades y los graves problemas que está generando para una mayoría de los ciudadanos. El aumento de la riqueza en los dos últimos lustros y la creciente disponibilidad de financiación abundante y sofisticada han hecho posible que las familias españolas puedan amortizar volúmenes más elevados de endeudamiento; una parte sustancial de ese endeudamiento lo han destinado a convertirse en propietarios de viviendas.

Pero la explosión del precio de la vivienda en los últimos años ha destruido gran parte de estas ventajas. El pago de la cuota de un préstamo hipotecario a 15 años para pagar el 80% de una vivienda de 93 metros cuadrados, que en el periodo 1991-1999 había descendido desde el 59% del salario medio al 26%, ha crecido diez puntos en los últimos tres años y a finales de 2001 se situaba en el 36%. Para adquirir una vivienda media, un asalariado tiene que dedicar hoy más de cinco años de trabajo, cuando en 1998 apenas eran necesarios tres y medio. La imparable subida de los precios amenaza con convertir la compra de un piso en un coste insoportable para casi todos los españoles.

Las explicaciones de los economistas y los analistas inmobiliarios son poco consoladoras. El crecimiento de los precios de la vivienda del 48% en tres años se explica por el crecimiento de la demanda de pisos y el flujo de dinero (blanco y negro) hacia el mercado inmobiliario, empujados por la crisis de la Bolsa y la implantación del euro. A estas explicaciones habría que sumar otros dos hechos decisivos. Por una parte, el fracaso en la liberalización del suelo, que ha impedido abaratar los costes; por otra, la negligente política en materia de viviendas de protección oficial y alquileres, que contribuye a configurar un muro inexpugnable entre los demandantes de vivienda. A un lado se encuentran los que pueden pagar casas de precio libre y son propietarios de segundas e incluso terceras viviendas; al otro están los jóvenes o trabajadores de rentas medias, para quienes resulta imposible comprar un piso, porque sus salarios son insuficientes o porque la oferta de construcción subvencionada es mínima.

La política de favorecer la construcción de vivienda libre y olvidarse de las viviendas protegidas, de la que es responsable en primer lugar el Ministerio de Fomento, pero de la que también participan las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ha convertido el mercado inmobiliario en un coto reservado para la especulación desorbitada y empuja a una parte de la población hacia la irritación y el malestar. Y no es sólo un problema que afecte a sectores acotados, como los jóvenes o los asalariados con rentas más bajas. El paulatino aumento del endeudamiento familiar a causa de la vivienda debilita la posición de sus rentas, cada vez más vulnerables a posibles subidas de tipos de interés o al crecimiento continuo de los precios.

Se da la circunstancia, además, de que el crecimiento de la economía española se sustenta hoy en gran parte en la construcción de obra civil y viviendas. Un modelo de crecimiento tan insano está expuesto a sufrir un colapso cuando se pinche la burbuja inmobiliaria. Por eso, antes de que el precio de la vivienda se convierta en un estrangulamiento general, los poderes públicos, en particular el Gobierno y los ayuntamientos, deberían llegar a un gran acuerdo. Se trata de liberar suelo y encontrar fórmulas de financiación que hagan posible abaratar el metro cuadrado para quienes necesitan de la vivienda como un bien básico y no como un instrumento de especulación.