¿O no?

Hace casi dos años, a propósito del asesinato de Lluch me hacía en esta misma columna una serie de preguntas como respuesta previa al bloqueo que cada crimen de ETA genera en quienes no queremos perder la lucidez ni la generosidad: '¿Damos por buena la obsesión excluyente que el PP proyecta sobre el PNV?', me preguntaba entonces. '¿Es legítima la abstracta pretensión del nacionalismo vasco (PNV y EA) de ir hacia la soberanía por medios pacíficos y pactados? ¿Tiene el constitucionalismo español soluciones para despejar el camino del soberanismo particular del pueblo vasco dando a la vez garantías a todos los actuales ciudadanos de que sus derechos y libertades no sufrirán sea cual sea la nueva situación que se arbitre? ¿Debe quedar excluida, por sistema, la cláusula de negociar directamente con ETA el abandono de las armas con la contrapartida de medidas de gracia a medio y largo plazo? ¿Hay o no en otros procesos violentos contemporáneos alguna idea que pueda asumirse aquí para ir más aprisa hacia la paz y la integración del conflicto en sus justos términos políticos?'.

Hubiera podido hacerme más preguntas, todas pertinentes, como datos inesquivables en la ya urgente salida de ese emponzoñado y sangrante conflicto, como por ejemplo: ¿Es evitable que el PSOE no tenga más política al respecto que ser prisionero del PP? ¿Debería desecharse, como axioma, la tentación de encarcelar a todo el independentismo vasco que parece destilar Aznar en sus amenazas de estos días?

Menos de dos años después de aquello observo con estupor que el PP no aprendió la lección de lo que ocurrió en las elecciones vascas, cuando arrastró al PSE-PSOE al reduccionismo y dio lugar a una movilización del electorado hacia el PNV y a este partido a ocupar, ahora más que nunca, el papel del liderazgo para llevar a cabo no sólo la pacificación de Euskadi, sino el objetivo nunca negado ni desechado de alcanzar la soberanía.

No contento con provocar la división del PSE, y presto a aplicar una receta política drástica -paralelamente a la policial o la judicial (estas dos, lógicamente, inobjetables)-, para apoyar legalmente una estrategia peligrosamente equivocada, el Gobierno del PP optó por reformar la Ley de Partidos para acomodarla a su estrategia de criminalizar no sólo a los integrantes de la coalición Batasuna, sino, y por lo que se ha visto desde su reciente aprobación, a los votantes de esa fuerza política y, desde hace días, a los dirigentes del PNV, de EA y de EB-IU en medio de una escalada de confrontación heredera de la frustración que produjo en su momento el fracaso de la posición constitucionalista en las elecciones vascas recientes.

Que el PNV responda a esa escalada con la extroversión de su programa máximo (un órdago, dicen) sólo puede sorprender a los necios y a quienes decían con cinismo que en el marco de la Constitución pueden defenderse democráticamente y sin violencia cualesquiera opciones para una configuración diferente de la 'fórmula política' de la Constitución. Se les ha olvidado de golpe que ser republicano, por ejemplo, está tan amparado por la CE como que el PNV y EA se declaren partidarios de un Estado Libre Asociado como fórmula para asumir la soberanía de Euskadi en el contexto europeo, o que una declaración de ese tenor pueda salir del jefe de un gobierno autonómico, de un parlamento o de un manifiesto con firmas ante notario.

¿O no?

Vicent.Franch@eresmas.net