El Gobierno sólo logra el apoyo canario para su reforma de la educación

Los grupos parlamentarios de IU, PNV y Grupo Mixto se sumaron ayer al socialista y a CiU en la presentación de enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Calidad de la Educación. No así Coalición Canaria, que reafirmó su condición de socio del Gobierno. El próximo jueves se debatirán en el Congreso dichas enmiendas a la totalidad. El plazo para presentar enmiendas al articulado se ha ampliado hasta el 8 de octubre.

Además del PSOE y CiU, ha presentado un texto alternativo IU, en el que incide en la participación de los padres y en la necesidad de garantizar un 'soporte financiero' para las medidas. Su portavoz en la Comisión de Educación, Marisa Castro, señaló que su grupo defiende una educación pública y aconfesional 'contraria a las pretensiones del PP'. 'Apostamos por una educación pluralista, crítica, preparada para la multiculturalidad y compensadora de las desigualdades socailes', señaló Castro.

Los nacionalistas vascos del PNV han pedido la devolución del texto por considerar que el proyecto de Ley de Calidad 'hace la lectura más restrictiva del artículo 27 del derecho a la educación', señaló su portavoz en la comisión de Educación, Joxe Joan González de Txabarri. 'La ley es segregacionista, no respeta las competencias de las comunidades autónomas, no se sabe cuánto va a costar y mira al pasado al recoger los criterios de calidad', añadió.

Eusko Alkartasuna (EA), Chunta Aragonesista (CHA), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Bloque Nacionalista Galego (BNG) e Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), del Grupo Mixto, también solicitaron la devolución del proyecto al Gobierno.

'Visión reduccionista'

La diputada de EA, Begoña Lasagabaster, dijo que la ley 'va contra el Estatuto vasco, por invadir competencias educativas' y tiene una 'visión reduccionista' del sistema educativo.

Lo mismo señaló el presidente de ICV, Joan Saura. 'La propuesta del ejecutivo es regresiva y retrógrada, fomenta el desprestigio de los centros públicos de enseñanza y supone una inversión a un modelo de sociedad más elitista y segregacionista', dijo.

El diputado de CHA, José Antonio Labordeta, pidió la devolución al Gobierno del proyecto por la ausencia de financiación, el agravamiento de la dispersión normativa en esta materia y la falta de consenso con la comunidad educativa. Y añadió: 'Detrás del proyecto de ley hay un modelo que producirá una ruptura social, por la segregación en itinerarios que establece, lo que agravará las situaciones de exclusión social'.