El juez solicita otra auditoría de la gestión del ex director del aeropuerto de Bilbao

El juez encargado de investigar la presunta estafa y malversación de caudales cometida en el aeropuerto de Bilbao ha pedido la elaboración de una nueva auditoría sobre la gestión del anterior director del aeródromo, Segismundo López-Santacruz, imputado de los dos delitos por la Fiscalía del País Vasco. El informe, que ha sido encargado a un perito judicial, complementará el elaborado el pasado año por AENA, el ente que gestiona los aeropuertos españoles. El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao pretende de esta forma comprobar la veracidad de la auditoría interna de AENA, que constató la existencia de medio centenar de irregularidades.

López-Santacruz, director del aeropuerto vizcaíno entre el 21 de enero de 1997 y el 28 de febrero de 2001, se encuentra imputado por las supuestas graves anomalías cometidas durante su gestión, como adjudicaciones de obras a dedo, liquidaciones de obra no realizada o el pago a su madre del alquiler de la vivienda en la que residía y que era sufragada por AENA.

El ex director ya fue condenado en febrero por un juzgado de lo Social de Bilbao. El juez aceptó entonces el despido ordenado por el ente gestor de los aeropuertos en marzo de 2001 tras considerar que el ex director cometió medio centenar de irregularidades. Además, la Fiscalía del País Vasco -cuya actuación ha llevado el caso a la vía penal hasta el juzgado bilbaíno- le ha acusado de los delitos de estafa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público. La fiscal aseguró en su escrito que López-Santacruz realizó contrataciones de obras 'con claro ánimo de lucrarse'.

Las diligencias judiciales de este caso, iniciadas a principios del verano pasado, han sido estudiadas ya por dos jueces. Ello motivó la paralización de la causa durante varios meses por el cambio de magistrado. El actual titular retomó las diligencias a finales de la primavera y terminó la toma de declaraciones el pasado mes de junio. Entonces comparecieron ante el juez varios directivos y empleados de las dos empresas del mismo constructor, Enrique Otaduy, que se llevaron el 98% de las adjudicaciones a dedo de obras del aeródromo entre los años 1998 y 2000.

Tras la vuelta de las vacaciones, el juez ha dictado una providencia, fechada el pasado 5 de septiembre, en la que acuerda la elaboración de una nueva auditoría 'por un perito auditor de cuentas'. El informe debe basarse en la realizada por AENA 'y analizando los documentos igualmente aportados al expediente y cualesquiera otros que sean necesarios'.

Dos capítulos

La providencia judicial añade que la nueva auditoría debe informar 'acerca de la adecuación y corrección' del informe interno de AENA sobre 'la actuación efectiva' en el aeropuerto de Bilbao durante el mandato del anterior director 'aquí imputado'.

La auditoría interna de AENA concretaba las irregularidades en dos aspectos: los contratos de arrendamiento de la vivienda del entonces director y la contratación de obras. Precisaba que López-Santacruz alquiló sucesivamente dos pisos en Getxo -de 163 y 370 metros cuadrados, respectivamente- aprovechando la prerrogativa que le concedía la empresa de pagarle la vivienda. El problema es que ambos estaban arrendados a nombre de su madre y de su esposa, con lo que transgredía la norma interna de AENA, y que le sirvieron para obtener plusvalías.

Como también constató la Fiscalía, la auditoría señala que manipuló los nombres de su madre, Ángeles Alonso Pérez, 'y los recibos estaban a nombre de M. de los Ángeles Pérez Alonso'.

La irregularidad de la que se acusa al ex director es que su familia amortizó, gracias al pago mensual del alquiler por parte de AENA, el préstamo con el que adquirió la primera vivienda. Esta operación permitió, según la auditoría, que el primer piso comprado entonces por 45 millones de pesetas se vendiera luego por 63 millones.

Respecto la contratación de obras, el informe de AENA destaca que no consta la ejecución de trabajos por un total de 400.000 euros y habla de siete expedientes con 'irregularidades graves', como la verificación de sólo el 66% de los trabajos de esas contratas.