El desastre alemán

'El resultado de la subasta prueba convincentemente el atractivo de Alemania como un país para invertir e innovar. También los consumidores se beneficiarán. Ya pueden esperar nuevos y atractivos servicios, a un precio accesible'. Quien hablaba así el 17 de agosto de 2000 era Klaus-Dieter Scheurle, en aquel entonces presidente de la Oficina Reguladora de las Telecomunicaciones en Alemania (RegTp). Tanto entusiasmo no era fortuito: bajo su dirección, el Estado alemán acababa de subastar, por formidables 50.519 millones de euros, seis licencias para prestar el servicio de tercera generación de telefonía móvil (UMTS) en este país.

¿Cuánto darían Juan Villalonga (Telefónica), Ron Sommer (Deutsche Telekom), Michel Bon (France Télécom) -todos dimitidos- para hacer que ese día nunca hubiese existido? Aquel 17 de agosto marcó el inicio del fin no sólo de sus propias carreras empresariales, sino también de la era del pelotazo de los gigantes de las telecomunicaciones. El precio pagado por las licencias, en Alemania y también en el Reino Unido, había perdido toda relación con las perspectivas de negocio.

Se da por descontado que Deutsche Telekom capee el temporal, pero es una incógnita lo que ocurra con E-Plus y con O2, la antigua Viag

¿Fue culpable el Estado alemán, que, al menos durante un año, pudo sanear con la subasta sus deterioradas cuentas públicas? 'Fue una decisión de las empresas presentar ofertas por esta cuantía. Nosotros éramos responsables de garantizar el marco de la subasta. La valoración del riesgo y de las oportunidades de mercado era un asunto empresarial', recuerda el sucesor de Scheurle al frente de RegTp, Matthias Kurth.

Pero ahora le toca al Estado costear al menos parte de las repercusiones de la generalizada crisis del sector, incluida la pérdida de cientos de puestos de trabajo. Abrumados por los altos costes de la licencia y de la construcción de la correspondiente red, hasta la fecha, dos operadoras han tirado la toalla: primero, en agosto, el consorcio formado por Telefónica y Sonera, Quam, y después, en septiembre, Mobilcom, la compañía alemana hasta hace poco respaldada por France Télécom. Ambas mantienen en su poder las licencias de UMTS, cuya venta está prohibida por la legislación y que tan sólo pueden ser devueltas al regulador. Para evitar la suspensión de pagos de Mobilcom, con 5.500 empleados, el Gobierno ha organizado créditos de bancos públicos por 400 millones de euros.

Aunque se da por descontado que Helmut Sihler, presidente de Deutsche Telekom -al igual que Vodafone, que asimismo se hizo con una licencia-, logre capear el temporal, también los malos resultados y el desplome en Bolsa de esta compañía tienen mucho que ver con los costes del UMTS. A diferencia de lo sucedido con Quam y Mobilcom, tanto Deutsche Telekom como Vodafone cuentan ya con millones de clientes que usan sus servicios de las anteriores generaciones de telefonía móvil, lo que les debería ayudar a hacer rentable, algún día, la nueva tecnología. En cambio, aún es una incógnita lo que sucederá con las dos operadoras restantes: E-Plus, participada por KPN, y O2, la antigua Viag Intekom, controlada por British Telecom. Los observadores no descartan que, tarde o temprano, ambas operadoras acaben por fusionarse, con lo que las seis depositarias iniciales del UMTS alemán se habrían reducido a tres.