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Educación acepta pagar 16,7 millones de euros para cubrir el déficit de la UPV

Una reunión de apenas una hora entre la titular de Educación, Anjeles Iztueta, y el rector de la Universidad del Psís Vasco (UPV), Manuel Montero, ambos acompañados por sus principales colaboradores, bastó ayer para cerrar un acuerdo por el que la consejería acepta pagar el grueso del déficit de la institución académica correspondiente al año pasado y al actual, que suma cerca de 16,7 millones de euros.

Esta cantidad se destinará a financiar el agujero generado por la prórroga de los presupuestos del Gobierno vasco, el aumento salarial y de plantilla y el incremento del gasto en seguridad -la UPV ha estado en el punto de mira de ETA en los últimos tiempos- y limpieza, según fuentes de la consejería.

La cuantía de esta 'aportación económica adicional' es, según la nota con la que Educación anunció oficialmente el acuerdo, fruto de un informe elaborado por el Departamento de Hacienda con la colaboración de los servicios de Iztueta y la UPV.

El comunicado, de tres párrafos, no especifica si el Gobierno vasco ha puesto contrapartidas a la universidad por afrontar su déficit. Tan sólo se limita a recordar que el Consejo de Gobierno se comprometió en marzo a 'abordar' con la UPV 'el estudio de las causas' que han generado el déficit 'como paso previo al planteamiento de compromisos financeros y de gestión'.

Una portavoz de Educación explicó la consejera y el rector detallarán el jueves próximo en una conferencia de prensa el contenido concreto del acuerdo, que se plasmará en un convenio.

Otro 'agujero' pendiente

El acuerdo de ayer allana el camino para encontrar una solución al resto del déficit que arrastra la UPV. La universidad tiene abierto otro agujero millonario derivado del pago de los complementos salariales, los pluses que percibe cerca de la mitad de los casi 4.000 docentes de la Universidad pública por sus méritos en la enseñanza e investigadores y por participar en órganos internos de la institución académica. Para cobrarlos hay que ser funcionario del Gobierno central y trabajar a jornada completa en la UPV.

Una comisión integrada por técnicos de la universidad y Educación buscará ahora vías para solucionar ese desfase, que en 2001 alcanzó los 6,6 millones de euros.

El acuerdo se cerró en Vitoria en una reunión celebrada en el seno del Consejo de Coordinación de la Enseñanza Pública Universitaria, un foro creado en 1998 que prácticamente no había sido convocado desde entonces. A la reunión asistieron también el presidente del Consejo Social, José Mendia, y uno de sus consejeros.

El Consejo Social de la UPV es precisamente el organismo que concede los complementos retributivos, que los docentes empezaron a cobrar en 2000 y son individuales y no consolidables.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de septiembre de 2002