Vigilantes y policías

La reducción de 6.000 agentes -que serían 12.000, según la oposición- de las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en los seis años de Gobierno del PP explica en buena medida el enorme agujero abierto en la seguridad ciudadana en este periodo, con un inocultable y espectacular aumento de la delincuencia. Y al mismo tiempo es un reflejo de la apenas disimulada tendencia del Gobierno a que la seguridad, incluso en aspectos como la protección frente al delito, pase a manos privadas, en detrimento de la responsabilidad irrenunciable del Estado. Porque esa disminución se ha correspondido con el aumento de 27.000 vigilantes privados de seguridad en el mismo periodo. No fue, pues, una mera ocurrencia la invitación que hizo el delegado del Gobierno de Madrid a los ciudadanos a protegerse a sí mismos, pagando de su propio bolsillo la seguridad personal, ante crímenes tan horrendos como el asalto a un chalé y el asesinato de su propietario hace algo más de un año en Pozuelo.

Ante la evidencia de los datos y la presión de la oposición política y de la opinión pública, el Gobierno parece haber dado un giro en su política. Los Presupuestos del Estado para 2003 contemplan un incremento del 7,4% en esta materia, lo que supondría poner fin a la constante reducción del porcentaje del PIB destinado a seguridad ciudadana desde 1996. La seguridad privada, en manos de empresas dedicadas a este negocio, no está reñida con la pública, en manos del Estado. Pero hay que establecer bien los límites entre una y otra. Existe un núcleo de derechos y libertades del ciudadano -a la vida, a la integridad física, a la libertad personal y de movimientos, incluso a la propiedad- cuya protección corresponde al Estado, al que la Constitución atribuye la responsabilidad plena en materia de seguridad pública.

El Estado no puede hacer dejación de sus funciones en este terreno. Si lo hiciera, se correría el riesgo de provocar una peligrosa e intolerable dualización social: ciudadanos que pueden pagarse su protección y ciudadanos que quedan desprotegidos al no poder pagársela. La anormal desproporción producida en estos años entre efectivos de seguridad privada y de seguridad del Estado muestra que ese riego es real. Ojalá que el Gobierno rectifique a tiempo y evite a sus sucesores una herencia social que resultaría explosiva.