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Editorial:

Un mundo feliz

Los Presupuestos Generales del Estado de 2003 presentados ayer por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, deberían ser un indicador claro y preciso de la política económica que ejecutará el Gobierno durante el ejercicio próximo. Pero -un año más- apenas son un conjunto desordenado de cifras, con frecuencia incoherentes entre sí, cuyo único propósito parece ser que las cuentas públicas cuadren con equilibrio presupuestario o déficit cero por encima de cualquier consideración. Según Montoro, el Estado tendrá el año próximo unos ingresos de 105.695 millones de euros, con un crecimiento del 4,3% sobre los del año 2002, y unos gastos de 109.273 millones; el déficit del Estado (0,5% del PIB) será compensado con un superávit igual de la Seguridad Social. Una arquitectura aparentemente sencilla que oculta graves problemas de credibilidad y realismo.

El primer motivo de escepticismo es la previsión de crecimiento del PIB: 3%. Cualquier gestor cauteloso y responsable hubiera tenido en cuenta que los presupuestos de 2002 se proyectaron, a pesar del trauma mundial del 11-S, sobre una previsión de crecimiento similar (2,9%) que la cruda realidad va camino de cortar al menos en siete décimas, y que las instituciones económicas internacionales están modificando continuamente a la baja las expectativas de crecimiento de la economía mundial. Ayer mismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó la previsión de crecimiento de la economía española para el año próximo del 3,2% al 2,7%. Pero, claro, con un crecimiento inferior a tres puntos, no hubieran cuadrado las cuentas con vistas al sagrado déficit cero. Mucho tiene que crecer la economía sobre el papel para compensar la reducción de ingresos por IRPF o por impuestos indirectos, debido a la transferencia de algunos tributos a las comunidades autónomas. El argumento, ya algo viejo, de que el recorte de impuestos y el aumento de la inversión pública consolidarán la recuperación de la economía es un artículo de fe que la realidad no confirma. Las decisiones de inversión privada no dependen en primera instancia del capital marginal disponible, sino de la confianza en la rentabilidad de las inversiones, y, en el caso del consumo, de las expectativas de mantener el empleo o unos ingresos familiares estables.

Cuando se desciende a cifras de detalle, aparecen inconsistencias todavía más graves. El Gobierno, como ya ocurrió el pasado año, no ofrece cifras homogéneas, sea por el proceso de transferencia a las comunidades autónomas o por otras causas. Y así es imposible cualquier análisis. Se informa, por ejemplo, de que la inversión pública aumentará el año próximo en casi un 13%; pero en esa cifra se incluyen las inversiones de organismos como el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), que teóricamente se financia con deuda y, por lo tanto, no genera déficit. El milagro de la contabilidad creativa ha conseguido estirar arbitrariamente el volumen de inversión pública sin aumentar el déficit. Incoherencias como ésta acrecientan la sospecha de que el déficit cero algo tiene que ver con los maquillajes contables.

La obsesión por el déficit cero puede terminar siendo un serio problema político. Es pintoresco que para mantener a sangre y fuego ese objetivo el ministro de Hacienda se sienta impelido a criticar a la Comisión Europea por haberlo aplazado prudentemente hasta 2006. Las dificultades de las finanzas públicas de Alemania o Francia en una fase de estancamiento demuestran que el compromiso del Pacto de Estabilidad es difícil de cumplir y debería ser revisado para que no se convierta en una controversia permanente entre los Estados. En el caso de España, la fijación por el equilibrio financiero bloquea desde el Gobierno cualquier intento de debatir cuál ha de ser la política económica en una fase recesiva del ciclo. Aznar y su equipo económico se niegan a hacer política y se limitan a cuadrar las cuentas públicas con la aplicación de un estudiante de contabilidad. No cuentan los déficit españoles en educación, infraestructuras o investigación, que tanto influyen en la competitividad de un país. El único déficit que cuenta es el que permite presentarse como el alumno cumplidor de una asignatura cuyo examen se ha aplazado a septiembre.

No es éste el primer Presupuesto con cuentas confusas e incontrastables que presenta el señor Montoro. Más que un presupuesto, el Gobierno ofrece un parque temático de grandes objetivos económicos en el que, como en los dibujos animados, todo es posible: que al mismo tiempo baje el IRPF, descienda la recaudación del Estado por impuestos indirectos, aumenten las inversiones, suban los gastos sociales y, además, no haya déficit público. Un mundo feliz, en suma. Los ciudadanos empiezan a sospechar, con razón, que es irreal, y la irrealidad suele pasar, tarde o temprano, facturas muy elevadas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de septiembre de 2002