El PP mantiene el contrato a los procesados en el 'caso funeraria'

Los representantes del PP rechazaron ayer suspender cautelarmente el contrato de gestión con Funespaña a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado la apertura de juicio oral por las presuntas irregularidades cometidas durante la privatización del 49% de funeraria municipal. La suspensión del contrato, así como el cese de los tres gestores de Funespaña procesados, fue planteada por IU y PSOE en un consejo de administración celebrado apenas 24 horas después de que se conociese el auto judicial en el que se les impone a los procesados -los tres gestores de Funespaña y tres cargos del PP (dos concejales y un diputado regional)- una fianza de nueve millones de euros (1.500 millones de pesetas). El juez instructor impone además una fianza adicional de 4,5 millones de euros a los responsables de Funespaña procesados (Jose Ignacio Rodrigo y Juan Antonio y Ángel Valdivia). A pesar de ello, el PP argumentó en el consejo de administración que no era competencia de dicho consejo el cese cautelar del contrato de gestión con Funespaña, y que sólo cabe 'la rescisión del contrato, lo que causaría un enorme daño patrimonial a la funeraria'.

'Es una barbaridad. Están dirigiendo la empresa personas a las que el juez les pide 13 millones de euros de fianza. Esto demuestra que el PP está vinculado a Funespaña y la defiende a capa y espada', afirmó Inés Sabanés, portavoz municipal de IU, grupo que denunció el caso funeraria al fiscal anticorrupción en 1994. En su escrito de acusaciones el fiscal considera que los tres cargos del PP (el diputado regional Luis María Huete y los ediles Antonio Moreno y Simón Viñals) 'pusieron la funeraria en manos de una empresa privada de su particular agrado y confianza, aceptando cualquier perjuicio económico para las arcas municipales y despreciando los requisitos y garantías vigentes'.

Escándalo

'Es un escándalo; me parece una desvergüenza y una desmesura la actitud del PP. No pongo en duda la independencia judicial, pero en el juicio oral habrá que estar vigilantes a la capacidad de presión del PP. Lo mínimo que se les puede pedir es que garanticen la estabilidad de la empresa y, en vez de eso, defienden a capa y espada a los procesados', afirmó Sabanés.

El representante del PSOE en el consejo de administración de la funeraria, Felipe Carballo, se manifestó en similares términos. 'El PP ha mantenido su actitud de sostenella y no enmendalla. Ha formado un bloque con Funespaña y ha votado contra la propuesta conjunta de PSOE e IU', señaló Carballo. Éste anunció que comunicará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la decisión del consejo 'para que tome las medidas que crea oportunas'. 'Seguimos sin entender esa posición, es como si la empresa no tuviera nada que ver con lo que está pasando', concluyó el portavoz socialista.