España no dará pruebas a EE UU contra Binalshibh si sirven para condenarle a muerte

La detención en Karachi (Pakistán) de Ramzi Binalshibh, el cerebro de los atentados del 11-S que coordinó en Tarragona una cumbre con varios de los pilotos suicidas semanas antes del ataque, dificultará la entrega a EE UU de la investigación judicial sobre estos hechos desarrollada en España, ya que la justicia norteamericana pretende utilizarla en un proceso que puede conducir a la pena de muerte del terrorista yemení. Guillermo Ruiz Polanco, el juez que tramita la petición de auxilio, condicionó y cuestionó hace meses el envío de esta información.

Los obstáculos en el terreno judicial contrastan con la estrecha colaboración policial desplegada para la investigación del caso. Toda la información recabada por la policía y la Guardia Civil españolas sobre la presencia de los terroristas suicidas en España se ha remitido al instante al FBI. Los agentes norteamericanos han estado presentes en los interrogatorios de todos los testigos y se les ha permitido filmar en vídeo cada uno de los escenarios que recorrió el egipcio Mohamed Atta. Además, los especialistas que interrogan a Ramzi Binalshibh manejan los informes oficiales españoles.

La reconstrucción de los pasos por España del egipcio, jefe del comando suicida, y de Binalshibh, al que Colin Powell, secretario de Estado norteamericano, ha calificado como 'un pez gordo' de Al Qaeda, será una pieza clave del juicio contra el terrorista yemení de 30 años para el que los fiscales norteamericanos pedirán la pena de muerte. En una entrevista a la televisión árabe Al Yazira, el propio Binalshibh reconoció días antes de ser detenido que en la cumbre celebrada en Tarragona en julio de 2001 se dieron órdenes y se decidieron los últimos flecos del atentado terrorista del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

La petición de ayuda judicial a los jueces españoles fue solicitada hace un año por los fiscales del distrito oriental de Virginia, del distrito meridional de Nueva York y la división Penal del Departamento de Justicia de EE UU que siguen un proceso contra Zacarías Moussaoui, francés de origen marroquí y hasta ahora el único imputado por el 11-S. Un detenido para el que la acusación pública norteamericana también pide la pena capital. A Binalshibh se le incluirá ahora en la misma causa en la que se juzgará a los colaboradores (los 19 autores materiales de los atentados están muertos) de los 3.025 asesinatos que provocó el ataque.

El juez Guillermo Ruiz Polanco, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, cumplimenta la comisión rogatoria en la que se ha acumulado toda la investigación sobre la estancia de los pilotos suicidas en España. Pero esta información sólo podrá ser utilizada por los tribunales norteamericanos con determinadas condiciones o limitaciones. Las pruebas contra Binalshibh acumuladas en España no podrán ser empleadas por los jueces o fiscales estadounidenses sin el compromiso de la Administración de Bush de que en ningún caso servirán para condenar a la pena capital a los procesados.

Así se expresó el juez Ruiz Polanco en una providencia remitida el pasado mes de mayo a Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El 26 de junio, el fiscal Pedro Rubira firmó un escrito en el que rechazaba esta solicitud porque, según su interpretación, la ayuda judicial se refiere a las investigaciones sobre la presencia en España de Mohamed Atta. 'Resulta atípico pedir a las autoridades de EE UU que den garantías de no aplicar la pena de muerte a una persona ya fallecida'.

El fiscal señalaba que si lo que pretende el juez es una declaración de principios 'de que toda diligencia solicitada a EE UU debe ir acompañada de un compromiso de no utilización de la pena de muerte, ésta no es la comisión rogatoria adecuada al haber fallecido la persona objeto de la comisión [Mohamed Atta]'. Rubira añadía que en la asistencia jurídica mutua entre ambos países 'no existe norma que limite la cooperación por causa de la pena de muerte' y asegura que Estados Unidos no ha pedido ninguna ayuda judicial a España 'que vulnere nuestro Estado de derecho'.

Pero la detención de Binalshibh modifica la situación, ya que en los informes policiales españoles recogidos por la comisión rogatoria hay numerosos datos que le incriminan en la reunión previa al atentado del 11-S. Ya no se trata de una persona fallecida como Mohamed Atta, tal como decía la fiscalía en su escrito, sino del cerebro y coordinador del atentado detenido en Pakistán el mismo día en que se cumplía el primer aniversario del ataque y al que en la investigacion judicial española se dedica especial atención.

Fuentes judiciales señalan que la Constitución Española prohíbe la pena de muerte y destacan que los magistrados de la Audiencia Nacional no pueden contribuir con un solo dato a un proceso que puede conducir a la silla eléctrica a Zacarías Moussaoui, de 33 años, y a Ramzi Binalshibh. Un conflicto similar se planteará con los jueces alemanes que tramitan otra comisión rogatoria de sus colegas norteamericanos, ya que el yemení y el egipcio residían juntos en un piso de Hamburgo y la policía BKA alemana ha acumulado numerosas pruebas en su contra. La batalla legal parece asegurada.

La Unión Europea, que negocia su tratado de extradición con EE UU, ya ha anunciado a través de su portavoz que no habrá extradiciones que puedan suponer la aplicación de la pena capital.