Hacienda detrae a ex presos del franquismo parte del dinero que les da la Comunidad

El Ministerio de Hacienda está reclamando a los ex presos del franquismo que paguen tributos -mínimo, un 18%- por las indemnizaciones que les concedió la Comunidad de Madrid, al considerar que el dinero supone para ellos una ganancia patrimonial. Las cantidades recibidas en su día por quienes pagaron con la cárcel su lucha contra la dictadura franquista -alrededor de 2.000 personas-, oscilan entre 1.202 euros y poco más de 6.000. Los diputados autonómicos Antonio Chazarra, del PSOE, y Fernando Marín, de IU, tacharon ayer de 'nueva humillación' a los ex presos la decisión de Hacienda y exigieron que el Gobierno regional 'solucione el problema inmediatamente y de la forma que sea'.

Hacienda ha efectuado en algunos casos declaraciones paralelas a los antiguos presos que consideraban que la indemnización percibida estaba exenta de tributación y, en consecuencia, no habían incluido ese dinero en su declaración de la renta. Y así era según la Ley 18/91, de 6 de junio, que las calificaba como exentas de impuestos. Sin embargo, la Ley 40/98, de 9 de diciembre, no excluye de los impuestos estas percepciones y, por tanto, Hacienda las califica como ganancia patrimonial y sujeta a tributación.

Dos diputados autonómicos, el socialista Antonio Chazarra, y Fernando Marín, de IU, arremetieron ayer contra la decisión del Ministerio de Hacienda 'al margen de la legalidad que ampare sus decisiones'. Marín advirtió de que su grupo, cuando se planteó el debate en la Asamblea de Madrid, ya avisó de que los perceptores de estas 'compensaciones por sus años de cárcel' podían encontrarse con esta disminución de las cantidades acordadas. 'Pero el PP no quiso hacernos caso. Creo', dijo Marín, 'que Alberto Ruiz-Gallardón, que tanto ha presumido de progresismo, debe solucionar, como sea, esta situación. En el reciente debate del estado de la región nos llamó a la oposición izquierda conservadora, pues habrá que decir que somos conservadores, pero sólo a la hora de defender los derechos y las libertades'.

Chazarra se mostró indignado con la actuación de Hacienda: 'Es una burla, escarnio sobre escarnio, y una falta de respeto a unos hombres que dejaron lo mejor de su vida entre rejas. No hay que olvidar que muchos de ellos perdieron buena parte de sus posibilidades laborales, fueron despedidos, vieron interrumpidos sus estudios. Sólo como una humillación', señaló el diputado socialista, 'puede verse que se les quite una parte de la miseria con la que se les ha compensado por sus años perdidos'.

Y es verdad que para algunos contribuyentes, casi todos en situación económica no demasiado boyante, la decisión de Hacienda adquiere ribetes de pequeña tragedia. Francisco -que pide usar esa identidad supuesta 'para que Hacienda no le crucifique'- pasó varios años en la cárcel. Recibió la máxima indemnización, en torno a 6.000 euros. Entendió que eran retribuciones exentas de tributación por ser una compensación por tantos años y salarios perdidos. Pero la Agencia Tributaria no tiene corazón. Ésta le hizo una declaración paralela. Él, que contaba con 1.200 euros de devolución, se ha encontrado con que se le reclaman más de 400.

Hacienda estima que la indemnización de Francisco ha de integrarse en la base imponible al considerar que es una ganancia patrimonial. De nada han servido sus recursos. Y Francisco ha tenido que pagar. Como él, muchos más. Fuentes de la Consejería de Hacienda admiten que la situación se está produciendo, pero señalan que no depende de la Administración regional, al estar estas retribuciones sujetas a la ley 40/98 del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF). Y admiten que los que estaban sujetos a la ley anterior, la 18/91, no han tributado por las indemnizaciones recibidas.

El Gobierno regional aprobó en 1999 una partida presupuestaria para aquellos que pasaron en prisión un mínimo de tres años. En 2000 aprobó que se acogieran a esos beneficios quienes hubieran pasado como mínimo un año. La cantidad destinada al pago de estas indemnizaciones -600.000 euros- se demostró claramente insuficiente y el propio presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, reconoció que la realidad había superado cualquier cálculo. Se daba la circunstancia -lo calificaba de sarcasmo- de que algunos presos recibirían unas 65 pesetas por día de cárcel. Algunos ex presos prefirieron devolver al Gobierno las cantidades recibidas. El Ejecutivo regional siempre adujo que había hecho lo que no habían hecho en 12 años las Administraciones socialistas.

IU y PSOE presentaron distintas iniciativas que fueron aprobadas por unanimidad en la Cámara regional. Se trataba de incluir a quienes habian sido excluidos de la Ley de Amnistía de 1977. Tras muchas vicisitudes, al final se fijó una cantidad de seis millones de euros. Quienes pasaron entre 12 y 18 meses de cárcel cobraron 1.202 euros; los que sufrieron prisión entre 18 y 24 meses, 2.644 euros; quienes padecieron cárcel entre 24 y 30 meses, 4.026 euros, y los que estuvieron entre 30 y 36 meses, 5.409 euros.