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Vivienda promoverá 16.200 pisos para familias con menos de 33.000 euros de ingresos

El departamento asegura que 'no sobrevivirá ningún 'mercado negro' de pisos protegidos

El Departamento de Vivienda promoverá directamente al mercado hasta 2005 un total de 16.200 viviendas protegidas para familias con ingresos inferiores a los 33.056 euros brutos al año. Este es uno de los objetivos del Plan Director de Vivienda 2002-2005, que presentará en breve el consejero de Vivienda, Javier Madrazo. La pretensión del departamento es sacar otras 5.000 viviendas que ahora están vacías y comprar 4.100 pisos usados y ponerlos en el mercado a unos precios inferiores al de los libres para su compra o alquiler por ciudadanos con pocos recursos.

Para alcanzar las 16.200 viviendas nuevas, el departamento que dirige IU tendrá que realizar un importante esfuerzo y pasar de manera paulatina de las 3.600 previstas para este año hasta las 4.450 de 2005. El 55% de los pisos que se van a edificar (8.900) saldrán a la venta, mientras que los 7.300 restantes se dedicarán al alquiler. El plan contempla que 5.250 de estos últimos sean de carácter social. Todos ellos podrán ser alquiladas por familias que tengan ingresos inferiores a los 21.035 euros y que pagarán rentas mensuales inferiores a los 180 euros. Los otros 10.950 serán calificados como protegidos y se dirigirán a familias que ganen menos de 33.056 euros. Una parte de estas viviendas podrá ser comprada y otra será para alquiler.

Impulsar el alquiler es el gran reto que se ha marcado el departamento. Para conseguirlo, a los pisos de nueva construcción que destinará a este fin se sumarán los 5.000 que piensa incorporar desde el parque de vivienda vacía que existe en Euskadi. Para sacar al mercado este contingente de casas desocupadas, Madrazo está dispuesto a incentivar a los propietarios con subvenciones, seguros que cubran un posible impago de la renta y ayudas para el arreglo de desperfectos provocados por los inquilinos, así como para la rehabilitación, si es que los pisos precisan ser acondicionados antes de su puesta en el mercado de alquiler. La condición que la consejería exige al propietario es que se comprometa a arrendarlo por un mínimo de cinco años.

En caso de que no funcionen estas medidas, el Plan Director recoge una serie de iniciativas más gravosas para los dueños de pisos que permanecen desocupados durante más de dos años. Entre estas medidas figura la de proponer a los ayuntamientos la aplicación de un impuesto o tasa que penalice los pisos vacíos que no estén a la venta o en alquiler. El documento hace referencia a la posibilidad de recargar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las segundas viviendas ubicadas en una misma localidad. Según los cálculos del departamento, el 42% de los pisos vacíos que hay en Euskadi no ha sido ocupado en los dos últimos años.

La puesta en el mercado de pisos accesibles económicamente a los ciudadanos se completa con la compra por parte del departamento de 4.100 casas usadas libres. La intención es volver a ponerlas a la venta a precios más bajos de los que se registran en el mercado libre.

En conjunto, la pretensión es sacar al mercado 25.300 viviendas de protección en cuatro años, que resultan de sumar las 16.200 de nueva construcción, las 5.000 vacías y las 4.100 usadas.

Combatir el fraude

La lucha contra el fraude en la compra y el uso de la vivienda de protección oficial es el otro gran objetivo del Plan Director promovido por IU. Un portavoz del departamento señaló de manera tajante que 'no sobrevivirá ningún mercado negro' de vivienda protegida. Entre otras disposiciones, se aumentarán los controles posteriores a los sorteos para detectar adjudicaciones irregulares y se pondrá en marcha un servicio de inspección para asegurar que los pisos son ocupados en un plazo de tres meses a partir de la fecha de entrega. El Gobierno revocará la adjudicación en el caso de que la ocupación no se produzca en los plazos fijados. Según un portavoz de la consejería, el Plan Director supone una 'apuesta' por revolver 'las dificultades que tienen los ciudadanos con pocos recursos para acceder a un piso'.

Quien no cree en las bondades del Plan es el PSE, que presentó ayer una serie de iniciativas en el Parlamento para que el departamento ejerza un 'liderazgo público' a la hora de resolver los problemas de la vivienda. Según el PSE, Madrazo ha hecho 'muchísimos diagnósticos, pero no ha aplicado ningún tratamiento. Es necesaria una política más activa'. Entre las prioridades señaló la aprobación de una ley del Suelo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 17 de septiembre de 2002