El futuro de la sociedad es el presente de la educación

Entre quienes han reflexionado sobre la educación en nuestra época destaca brillantemente la alemana de origen judío Hannah Arendt. El periodo convulso en el que le tocó en suerte vivir y pensar -la Alemania anterior a la Segunda Guerra Mundial, la guerra, la Europa de posguerra- destaca aún más, si cabe, el enorme valor de una de sus muchas afirmaciones, aparentemente muy sencilla: que la educación se sitúa 'entre el pasado y el futuro', entre la estabilidad y el cambio, entre la tradición y la innovación.

Ese carácter de la educación, tan consustancial a la propia realidad educativa como el tiempo para los relojes, no puede ser ajeno a las políticas de educación: debe condicionar y, a la vez, orientar el desarrollo de cualquier reforma educativa que quiera estar a la altura de los tiempos, porque la educación es, de alguna manera, el 'lugar' donde las sociedades y las culturas se juegan lo que son y lo que quieren ser. No es casual que Hannah Arendt incluyera sus consideraciones sobre la educación, junto a las que dedicó a la memoria, a la imaginación y a la capacidad de juicio, en el proyecto filosófico, más vasto, de toda una reflexión acerca de la entera cultura humana.

Como el paso del tiempo en la maquinaria de los relojes, las reformas educativas, en política, no se improvisan. Por eso, y con el fin de conjugar acertadamente lo que permanece y lo que cambia -el ritmo permanente de las horas con la novedad irrepetible de cada una de ellas-, los países deben adecuar periódicamente sus sistemas educativos. Necesitan hacerlo, para preservar lo valioso del pasado, para responder a los desafíos del presente y para preparar el futuro. Para adaptarse, en fin, a las características de contextos sociales, culturales y económicos que cambian: hoy, además, lo hacen más velozmente que nunca antes.

España no es una excepción. Nuestro país se halla en el momento decisivo de definir un nuevo marco normativo en materia de educación; dicho marco, a la vez que quiere consolidar nuestros avances históricos, desea también colmar las carencias de nuestro sistema educativo que los análisis nacionales e internacionales han puesto reiteradamente de manifiesto, y mejorar la preparación para el futuro de las nuevas generaciones de españoles.

Por eso, el Proyecto de Ley de la Calidad de la Educación se orienta hacia el logro de dos objetivos fundamentales: el primero de ellos es la integración de todos en la calidad. En este sentido, he dicho muchas veces que la ley no pretende otra cosa que convertir el sistema educativo en un sistema de oportunidades educativas de calidad para todos.

El segundo objetivo consiste en prevenir y combatir el fracaso escolar, fomentando y estimulando la presencia efectiva de nuestros adolescentes en el sistema educativo, de tal manera que logren alcanzar los conocimientos básicos establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria, y obtener la titulación correspondiente.

Calidad y equidad: la moraleja de aquella vieja historia, según la cual más vale enseñar a alguien a pescar que darle un pez, resulta, también aquí, muy ilustrativa: se puede dar a cada uno un pescado, pero es mejor enseñar a pescar a todos, y sólo desde un concepto estrecho y sin perspectiva de futuro de la equidad -un hombre, un pez- puede considerarse lo segundo menos justo que lo primero. Enseñar a pescar a todos es ofrecer más condiciones para una mejor formación; significa crear un conjunto de oportunidades de formación que permitan, simultáneamente, una mayor integración de todos. Significa, en suma, hacer del sistema educativo una red flexible de oportunidades en la que todos y cada uno puedan encontrar un futuro de calidad.

La ampliación de la obligatoriedad de la educación básica desde los catorce a los dieciséis años supuso un paso de gigante en la dirección de la equidad; hoy, es necesario dar un nuevo impulso, que permita generalizar la educación infantil desde los tres años en todo el territorio español; que amplíe, de forma efectiva, las oportunidades de educación y formación; y que alcance los objetivos que se persiguen cuando se cursan estudios: hoy, uno de cada cuatro alumnos no alcanza esos objetivos.

El valor trascendental de la educación para las vidas individuales y para el futuro común de las sociedades, que guió con tanto fruto las reflexiones de Hannah Arendt y de tantos otros, tiene una importancia radical en la infancia. Mientras somos niños, nos iniciamos, pero no somos lo que queremos y decidiremos ser; somos más bien lo que la educación y la cultura hacen de nosotros mientras no tenemos aún desarrollada toda nuestra capacidad de pensar y elegir. La progresiva escolarización inicial, con el doble horizonte de la adaptación a la institución escolar y de la mejora del rendimiento en las etapas posteriores constituye una ganancia irrenunciable, particularmente en el caso de niños procedentes de medios familiares desfavorecidos. Por ello, el proyecto de ley declara gratuita, con todas sus consecuencias, la etapa educativa comprendida entre los tres y los seis años.

En los tramos superiores del citado intervalo los indicadores internacionales de educación muestran la existencia de notables carencias en nuestro sistema educativo, que la actual ordenación no ha sido capaz de corregir.

Es un hecho, y muy doloroso, que más de la cuarta parte de nuestros alumnos abandonan el sistema escolar sin la titulación más básica, la de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, sin apenas cualificación y, por tanto, con escasas posibilidades de acceder en el futuro a los beneficios que reporta lo que se ha venido en llamar 'educación a lo largo de toda la vida'. Además, la tasa de alumnos que cursan enseñanzas secundarias postobligatorias está significativamente por debajo de la media de los países de la OCDE. Ambas circunstancias no son independientes, y corrigiendo la primera conseguiremos también mejorar la segunda.

De las diferentes medidas contenidas en el proyecto de ley y orientadas a paliar estas palmarias deficiencias, cabe centrar la atención en los avances que comportarán los programas de iniciación profesional. Su intención es, precisamente, integrar al mayor número posible de alumnos en el sistema reglado y permitirles en el futuro transitar por él; facilitarles, a un tiempo, la cualificación -y su reconocimiento profesional-, y la titulación básica de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria; y ofrecerles, en fin, una solución adaptada al grueso problema de la llamada 'objeción escolar'.

Una de las insuficiencias que presenta la actual fórmula de Programas de Garantía Social estriba en su condición de programas 'fin de trayecto', que sitúan a los alumnos que los cursan fuera del sistema reglado, y les ofrece escasas posibilidades reales de integrarse en él. Cuando el nuevo sistema esté plenamente implantado, esperamos ver reducida, en no menos de 10 puntos porcentuales, la tasa de alumnos que abandona el sistema sin ninguna titulación.

El panorama de futuro que la sociedad del conocimiento traslada a la educación hace imprescindible incrementar la capacidad de nuestro sistema educativo para facilitar una educación y una formación de calidad. De nuevo, los análisis internacionales nos indican que, en lo que concierne a la calidad de los resultados, España debe mejorar. Estamos ante una cuestión no sólo estratégica: estamos ante una cuestión trascendental, que condicionará el progreso de los ciudadanos y que afecta a nuestro desarrollo económico y a nuestra cohesión social.

El Proyecto de Ley de Calidad se propone mejorar los resultados de los alumnos y el rendimiento del sistema educativo, en su conjunto, desarrollando una amplia serie de actuaciones que, en lo esencial, se articulan en torno a cinco ejes.

El primero de ellos, es la revalorización del esfuerzo y de la exigencia personal, mediante la eliminación de la llamada 'promoción automática' de un curso al siguiente y el establecimiento de la Prueba General de Bachillerato. Como es evidente, ello exige que las nuevas generaciones se 'socialicen' en algo por lo demás tan básico como la conciencia de que es necesario esforzarse para aprender. Por eso resulta necesario revisar el paso de un curso a otro: y porque lo propio de los seres humanos no es simplemente 'saber'; es, sobre todo, 'saber que se sabe y saber lo que se sabe': eso es lo que la misma Arendt, con toda la tradición filosófica, llamó capacidad de reflexionar y capacidad de hacer juicios, de poseer criterios y, por tanto, de ser libres.

El segundo eje es el de la orientación explícita del sistema educativo también hacia los resultados, mediante una mejor ordenación de los procesos de evaluación de los alumnos, de los profesores, de los centros y del sistema educativo en su conjunto. El tercero lo constituye la definición de una red amplia y flexible de oportunidades que se adapte a las diferencias individuales de aptitudes, necesidades, intereses y ritmos de maduración, justamente para no renunciar al logro de resultados de calidad para todos.

Un cuarto eje lo forma la mejora de la consideración social del profesorado: si la educación se sitúa entre el pasado y el futuro, los que se dedican profesionalmente a ella tienen una enorme responsabilidad, que debe ser reconocida con una justicia lo más exacta posible. La nueva ley reforzará el sistema de formación inicial, mejorará la formación continua y articulará una carrera profesional en la que evaluación, formación y progresión tengan cabida de un modo integrado. Por último, el quinto eje de la ley refuerza la autonomía de los centros educativos, potenciando y clarificando los sistemas de dirección y gobierno, y los de control y participación.

Hoy, apenas existen países, sociedades y culturas aisladas: la primera experiencia de quien viaja a otro país es que los seres humanos, aunque tengamos biografías individuales y sociales distintas, compartimos problemas y realidades comunes. Esa experiencia resulta especialmente clara en nuestro ámbito propio, el de la Unión Europea. En Europa, la tendencia propia de la globalización a romper tiempos y reducir distancias se hace mucho más intensa, e implica a la movilidad de la información, del conocimiento y de las personas.

En ese contexto, el sistema educativo no puede cerrarse sobre sí mismo y su apertura se ha convertido, en el tiempo presente, no sólo en un nuevo factor de calidad, sino en una necesidad: ampliar la red de oportunidades de calidad para todos, subrayar la importancia del esfuerzo y de una mayor relación entre calidad y evaluación constituyen elementos presentes en todas las orientaciones de las reformas educativas que se están llevando a cabo en los países de la Unión Europea.

El Proyecto de Ley de Calidad de la Educación pretende incidir en este punto no sólo mejorando las competencias de comunicación de nuestros alumnos en otras lenguas, sino promoviendo, implícitamente, una homologación de objetivos básicos del sistema, de conformidad con los compromisos asumidos por los países miembros de la Unión, en materia educativa, en la última cumbre de Barcelona.

Las ideas y las políticas, para no quedarse en mera retórica, necesitan medios. Pero frente a la petición, a veces, cuando menos, apresurada, de más recursos, conviene subrayar que la sociedad española ha realizado en los últimos años un esfuerzo considerable por dedicar más y mejores recursos a la educación. De hecho, el gasto total en educación ha pasado de 27 millones de euros en 1996 a casi 39 millones en 2002. En lo que se refiere al gasto público, esto supone un incremento de 41% en pesetas corrientes o 19,5% en pesetas constantes. Este esfuerzo se hace más patente si consideramos que la tendencia creciente se mantiene aunque el número de alumnos, como resultado del descenso de natalidad, sea menor: en la última década el gasto público en educación se ha incrementado en un 24,6% con un descenso del alumnado de un 12%. Esta relación de mayor gasto con menos alumnos, que se ha intensificado desde 1996, sitúa a España en uno de los primeros puestos de la OCDE. Es esfuerzo de todos, del Estado, de las comunidades autónomas, de las familias... y, sobre todo, de cada contribuyente, que es de quien en último término proceden los recursos.

Por lo que se refiere a las implicaciones de gasto que pudiera tener el desarrollo de algunas de las medidas contempladas en este proyecto de ley, es obligado, a partir del nuevo régimen de financiación autonómica -aprobado por todas las comunidades autónomas el pasado mes de diciembre-, que sea en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se evalúen los recursos adicionales necesarios. No hay que olvidar, a este respecto, que desde el mes de diciembre de 2000 todas las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en materia educativa no universitaria, con lo que implica de capacidad de decisión sobre inversión en educación; todo esto subraya la idoneidad de que el tratamiento de las implicaciones económicas se haga en ese foro.

Los aludidos son los elementos inspiradores del Proyecto de Ley de Calidad de la Educación. Con ella, con el impulso imprescindible del profesorado, con la cooperación de las administraciones educativas y de los agentes sociales y económicos, con el apoyo de las familias, de los alumnos y de la sociedad, podremos conseguir, entre todos, nuevas metas de progreso para la educación española.

Casi al mismo tiempo que Hannah Arendt afirmaba que la educación se sitúa entre el pasado y el futuro, entre la tradición y la novedad, Samuel Beckett escribía, con bastante menos optimismo sobre la condición humana que Hannah Arendt, una pieza teatral sobre un futuro inexistente, sobre un presente casi inmóvil, sobre una espera sin esperanza.

Quizá gracias a los dos sabemos que el futuro no es algo que haya que esperar; que no podemos 'esperar' a que se presente, porque cuando el futuro se presenta, ya es tarde: el futuro se gana, y sólo se gana apostando, con la necesaria reflexión y con responsabilidad política, por la continua mejora del presente de nuestra educación.

Pilar del Castillo es ministra de Educación, Cultura y Deporte.